La reciente ofensiva de la DNIT contra el ecosistema cripto en Paraguay, materializada en la Resolución 47/2026, que establece la obligación de declarar las operaciones con criptoactivos para determinar si generaron un incremento patrimonial sujeto al pago de impuesto, generó una inmediata reacción en el sector.

Mientras que el fisco busca establecer controles bajo la premisa de combatir la evasión y detectar movimientos del crimen organizado, referentes de la industria tecnológica local sostienen que los argumentos oficiales carecen de sustento técnico y se contraponen a la evidencia global disponible hasta 2026.

Bruno Vaccotti, director de Penguin Group y referente de la Cámara Paraguaya de FinTech, presentó una serie de informes de organismos internacionales que, según afirma, “tiran por el piso” la tesis de que Bitcoin es un refugio para el dinero sucio.

Uno de los puntos centrales de la defensa es el Informe Sectorial de Riesgos de GAFILAT de 2025 sobre activos virtuales en Latinoamérica, donde se reconoce que la trazabilidad de la blockchain es una herramienta clave para que las autoridades puedan rastrear el origen y destino de los fondos.

Criptominería y crimen organizado: DNIT aumenta controles

El riesgo de la trazabilidad para el criminal

A diferencia de la percepción de opacidad que a menudo se proyecta desde el sector público, el sector privado resalta que el registro público de transacciones es el mayor enemigo del delincuente. Al respecto, Vaccotti recordó el testimonio de Jonathan Levin, cofundador de Chainalysis, ante el Senado de los Estados Unidos, donde se explicó que el análisis forense de la blockchain permite mapear con precisión todas las entidades involucradas en una operación.

En esa misma audiencia legislativa, el senador Patrick J. Toomey fue enfático al declarar que “la naturaleza rastreable de la mayoría de las criptomonedas tienen un factor que las hace terriblemente riesgosas utilizar con fines delictivos”. Como ejemplo, el legislador citó el ataque al Colonial Pipeline en 2021, donde el FBI logró recuperar el 85% de los Bitcoins pagados como rescate, asestando un golpe directo a la estructura de los hackers.

Estadísticas que contradicen el discurso oficial

Los datos proporcionados por el gremio indican que la incidencia de las criptomonedas en el crimen es marginal en comparación con el sistema financiero tradicional. Según el Crypto Crime Report 2025 de Chainalysis, apenas el 0,14% del volumen total de transacciones en la red durante 2024 estuvo vinculado a actividades ilícitas. Esta cifra se mantiene históricamente por debajo del 1%, lo que desmonta la idea de que Bitcoin sea el instrumento predilecto de las mafias.

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Por el contrario, el Departamento del Tesoro de EE.UU. señaló en sus evaluaciones nacionales de riesgo de 2024 que los activos virtuales representan solo una fracción pequeña de los flujos totales de lavado de dinero. El efectivo sigue siendo, por amplio margen, la herramienta dominante del crimen financiero a nivel mundial.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) refuerza esta tesis al estimar que entre 800.000 millones y 2 billones de dólares se lavan anualmente mediante dinero fiduciario (papel moneda), una escala que supera abismalmente cualquier movimiento en criptoactivos.

El “arma secreta” de la ley

El sector fintech local enfatiza que la blockchain funciona en realidad como un “arma secreta” para los investigadores. Casos emblemáticos como la incautación de 3.600 millones de dólares en Bitcoin por parte del Departamento de Justicia de EE.UU. vinculados al hackeo de Bitfinex demuestran que, aunque pasen años, el rastro digital permanece inmutable y permite la captura de los activos.

Incluso guías de investigación de la Guardia Civil española y manuales de la UNODC subrayan que la interfaz entre criptomonedas y efectivo es el verdadero punto de vulnerabilidad, pero que las capacidades de trazabilidad inherentes a la red Bitcoin dejan mucha más evidencia que cualquier transacción en billetes físicos.

Para Vaccotti y los representantes del rubro en Paraguay, la narrativa de la DNIT ignora que el uso de estas tecnologías facilita, en lugar de entorpecer, la labor de fiscalización y seguridad si se cuenta con las herramientas y el conocimiento adecuado.