Que los pueblos indígenas no son prioridad para el gobierno cartista de Santiago Peña está demostrado en la falta de atención a las necesidades básicas de estas comunidades, sin agua potable, energía eléctrica, con falencias en educación, salud y asistencia técnica para garantizar seguridad alimentaria. Pero sobre todo porque el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) cerró su sede en Asunción y hace ya un año deambula por otras oficinas públicas con la promesa de reinstalarse en algún momento.

Y por si fuera poco el desdén que denota el Gobierno, esta noche el presidente de la República, Santiago Peña, hizo mención solamente vez a los pueblos indígenas del Paraguay en su discurso de rendición de cuentas 2026, que duró más de una hora y fue realizado en sesión especial del Congreso Nacional.

Peña citó a los pueblos indígenas cuando, entre sus pendientes, habló de un proyecto de Ley que, entre los que serían beneficiarios, estarían las comunidades indígenas. “Dejamos sobre la mesa de esta casa (el Congreso) proyectos que esperan su sabia consideración”, dijo y mencionó como la primera, “La ley de transferencias monetarias condicionadas, que declara la reducción de la pobreza como política pública fundamental, y prioriza a las personas en situación de vulnerabilidad, a las comunidades indígenas y las personas con discapacidad”.

Entretanto, el informe completo sobre el tercer año de gobierno de Peña, cita supuestas mejoras en la calidad de vida de los paraguayos mediante distintos programas que sí incluyen a comunidades indígenas, como el plan Hambre Cero o el Tekopora. En 266 páginas, la palabra “indígena” aparece 52 veces, pero la sección “Pueblos indígenas: territorio, derechos y desarrollo” apenas tiene tres páginas y media y, acorde las denuncias cotidianas, las necesidades específicas de los pueblos originarios no están siendo del todo atendidas.

La cruda realidad indígena: Carpas en Caaguazú y alerta de la CIDH

Sin ir más lejos, indígenas mbya guaraní sobreviven hoy, como hace más de seis meses, al costado de la ruta PY02, en Coronel Oviedo, Caaguazú, en condiciones infrahumanas. Las familias viven bajo precarias carpas, expuestas al intenso frío, las continuas lluvias y otras inclemencias del tiempo. Los afectados solicitan la intervención urgente de la Gobernación de Caaguazú y del Indi.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe anual 2025, advierte sobre el riesgo de extinción cultural del pueblo ayoreo, debido a la situación de deforestación en el Chaco. “Se reporta riesgo de extinción cultural de los Ayoreo en aislamiento voluntario debido a la deforestación en el Chaco”, apunta el documento.

El cierre del Indi en Asunción bajo la lupa de la CIDH

El informe de la CIDH también resalta, en el marco de los derechos de los pueblos indígenas, que el Estado cerró la sede del Indi en Asunción y dispuso el traslado de su personal a sedes regionales.

Organizaciones indígenas habían denunciado el año pasado que esta medida viola el marco legal, por lo establecido en el artículo 29 de la Ley 904 sobre el “Estatuto de las comunidades indígenas”, que regula a la institución y determina que el Indi debe tener domicilio legal en Asunción.

La CIDH indica que “resulta preocupante por la falta de consulta previa en la adopción de esta medida”. Es que la normativa también apunta a que, todo tipo de acción como el traslado de sede, debe ser necesariamente con consulta previa con las comunidades.

Tras el cierre de la sede en Asunción, que este mes cumplirá un año, el Indi inició un deambular por distintas instituciones públicas y hace unos meses se estableció en el Museo de las Memorias. Desde allí, el presidente del ente, Hugo Samaniego, señaló que estarían mudándose a un edificio del Ministerio de Educación o del Ministerio del Interior, luego que estas instituciones, a su vez, se muden a los edificios del Gobierno en la zona del Puerto.

Protestas y cierres de rutas ante promesas incumplidas del Gobierno

Mientras, las necesidades a ser atendidas urgen en las comunidades y las promesas tienden a ser solo eso. Sin protestas, los indígenas no siempre logran la asistencia requerida. Así, el mes pasado organizaciones indígenas de Canindeyú cerraron rutas exigiendo el pago de becas universitarias prometidas a través del Indi para 800 jóvenes. Esta noche, Peña se ufanó de 20.000 becas universitarias y el informe cita un Programa de Apoyo Económico a Estudiantes Universitarios y Técnicos, pero en el caso de los indígenas, las transferencias llegaron recién tras el reclamo.

Además, en la misma zona, ocho comunidades volvieron a cerrar la ruta reclamando se destacan el mejoramiento y la apertura de caminos vecinales, asistencia médica, construcción de viviendas, instalación de red de agua potable, legalización de ocupaciones de tierras, entrega de víveres, entre otros.

Al punto llegó el trato del Gobierno a los pueblos originarios, que en marzo los restos de un joven fallecido en Asunción, fueron enviados hasta su comunidad, Laguna Negra, en el departamento de Boquerón, en un camión de carga. Tras más de 400 kilómetros, el cuerpo llegó en estado de descomposición. A modo de protesta, los indígenas de la zona cerraron el paso del camión, impidiendo que se mueva hasta recibir una respuesta a el trato deshumano recibido desde el Indi y, por ende, el Poder Ejecutivo, a cargo de Santiago Peña.

La población indígena en Paraguay se encuentra en torno a las 140.000 personas, de las cuales el 38% tiene menos de 14 años de edad. Está distribuida en 19 pueblos en la región Oriental y Occidental, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Se trata de alrededor del 2,3% de la población total paraguaya.