Para justificar la implementación de su plan “Hambre cero en las escuelas”, presentado el 29 de enero, el presidente de la República, Santiago Peña, afirmó que el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), administrada por gobernaciones e intendencias en los últimos 10 años, ha sido ineficiente para cumplir sus objetivos.

Según Peña, durante cinco meses trabajaron en esto que considera “su plan más ambicioso” para la educación, cuyo resultado finalmente es el anteproyecto de ley “que universaliza equitativamente la alimentación escolar y modifica y amplia la Ley Nº 5210/2014 “De Alimentación escolar y control sanitario”.

El documento ya tuvo mesa de entrada en la Cámara de Diputados.

“El Fonacide, a más de diez años de su implementación, ha demostrado ser completamente ineficiente”, dijo en su discurso.

Peña puso énfasis en los números del Fonacide en cuanto a la escasa cobertura que tuvo en todo el tiempo que estuvo vigente.

“Imagínense, hoy la cobertura es apenas del 5%. Escuchen bien estos números, 5% (...) constituye una tragedia para el país”, afirmó el presidente.

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Los fondos del programa Fonacide, tan criticado por Peña a partir de hallazgos realizados por la Contraloría General de la República (CGR), fueron administrados y gestionados por los intendentes y los gobernadores de todo el país.

Justamente, tres exgobernadores cuyas gestiones tuvieron serias inconsistencias, según la propia Contraloría, están actualmente en el Gabinete de Peña.

Uno de ellos es César Ramírez Caje, actual ministro de Deportes y exgobernador de Canindeyú (2018-2023).

El exfutoblista profesional, Ramírez Caje, formaba parte del movimiento Colorado Añetete, liderado por el expresidente Mario Abdo.

Sin embargo, pasó al bando de Honor Colorado (HC), liderado por Horacio Cartes, en tiempos en que su gestión era muy cuestionada por una serie de denuncias ante supuestas irregularidades.

Los presuntos malos manejos administrativos en la gestión de Ramírez se dieron principalmente en lo referente a los fondos covid, de unos G. 12.764 millones, que el entonces Poder Ejecutivo había transferido a las gobernaciones para hacer frente a la pandemia.

Entre las anormalidades detectadas por la propia CGR, se mencionaron millonarios desembolsos en tiempo récord a ONG integradas incluso por personas del entorno del hoy ministro de Deportes, además de muchas deficiencias documentales para respaldar los gastos realizados.

Otro exgobernador que aparece con Peña es el cartista Juan Carlos Baruja, actual titular del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH).

En el caso de Baruja, el mismo habría utilizado fondos del covid como un instrumento proselitista, de cara a su entonces candidatura para senador nacional.

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Según la Contraloría, se estudió el uso de unos G. 12.764 millones que terminaron transferidas en su totalidad a diversas ONG –al igual que Ramírez– en plena pandemia del covid-19.

El tercer exgobernador que figura en el gabinete de Peña es Carlos Giménez (ANR), exgobernador de San Pedro. Al igual que Ramírez, Giménez en principio estaba con el movimiento Añetete, pero luego “vio la luz” y se sumó al movimiento de HC.

En este caso, Giménez incluso llegó a ser denunciado por la Junta Departamental de su región por supuesto enriquecimiento ilícito por obras fantasma, fraudes en alquileres y entregas ficticias de medicamentos.

Un situación muy cuestionada a Giménez se dio cuando, a seis meses de haberse iniciado el periodo lectivo de 2019, la Gobernación a su cargo tenía cero ejecución presupuestaria, por supuestas cuestiones burocráticas.

De esta ejecución dependían la entrega de almuerzo y merienda escolar.

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Dos ejemplos del despilfarro que se hizo con el dinero de Fonacide en nuestro país pueden ser los casos de los exgobernadores Óscar “Ñoño” Núñez, de Presidente Hayes, y Hugo Javier González, de Central, ambos colorados cartistas.

En el caso de Ñoño Núñez –hermano del senador colorado Basilio “Bachi” Núñez– el mismo ya fue condenado a 11 años de cárcel al ser hallado culpable de causar un perjuicio patrimonial de unos G. 42.000 millones a la Gobernación de Presidente Hayes.

A su vez, Hugo Javier González, destituido por presunto fraude en la Gobernación de Central, actualmente está con arresto domiciliario, a la espera de un juicio. En su caso, se cree que hubo millonarios desfalcos en fondos de covid, Fonacide y otros, durante su gestión.