El informe indica que de cada G. 100 que la ciudadanía pagó en concepto de impuesto, G. 67 se destinaron a remuneraciones del personal. Según refiere, el 78% de ese total fue para los sectores de salud, educación y fuerzas públicas.

Al mes de julio del año pasado se destinaron poco más de G. 10 billones (US$ 1.419,1 millones) para pagar salarios y este año el monto subió a G. 10,8 billones (US$ 1.434,0 millones), lo que implica un crecimiento del 8,1%.

La suba de este gasto obedece a los ajustes salariales realizados en el sector de docentes, al personal de salud y a las fuerzas públicas por el ajuste del salario mínimo.

El gasto salarial público aumentó 8,3 veces en 22 años, advierte Dende

Los datos también indican que los gastos en servicios personales, que además del salario incluye los demás beneficios que cobran los funcionarios, se incrementó 10% en este mismo lapso.

Los servicios personales incluyen las remuneraciones básicas (sueldos, dieta, aguinaldo) y temporales (horas extras, adicional, gastos de residencia), asignaciones complementarias (subsidio familiar, bonificaciones y otros), personal contratado, remuneraciones por servicios en el exterior y otros gastos de personal, entre otros.

En cuanto a la deuda pública, el informe menciona que el pago de los intereses al mes de julio aumentó 44,5%, pasó de G. 1,7 billones (US$ 245,8 millones) registrado el año pasado a G. 2,5 billones (US$ 355,3 millones) en el presente ejercicio.

Los intereses de la deuda son considerados gastos corrientes, por lo que se debe pagar indefectiblemente con ingresos genuinos recaudados, no con deuda como sucede en el caso del capital.

La deuda pública durante el gobierno de Mario Abdo ya se incrementó en 93,5%

La diferencia entre uno y otro ejercicio es de G. 777.000 millones más (US$ 109,4 millones) para las finanzas públicas, que se debe al aumento de la deuda pública que a junio sumó US$ 15.565,6 millones.

Los intereses se pagan por los préstamos obtenidos de los organismos financieros internacionales, tales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), el Banco Mundial y otros; y a los inversionistas que tienen en su poder los bonos del Tesoro, por colocaciones realizadas en el mercado local e internacional.