El estado de crisis se mantendrá vigente hasta el próximo 31 de octubre, con posibilidades de ser extendido o vuelto a declarar por periodos que no superen los tres meses, según la legislación aprobada hoy con una amplia mayoría de los diputados en el Parlamento rumano.

Entre las medidas adoptadas para paliar la situación destacan las rebajas del IVA sobre la gasolina -en 2 puntos porcentuales, del 21 al 19 %-, así como de un impuesto especial sobre el diésel, que bajará, entre 10 y 25 puntos porcentuales (o entre 0,06 y 0,17 euros/litro), en función de la evolución simultánea de las cotizaciones internacionales y del precio medio del combustible en los surtidores.

Los menores ingresos al presupuesto estatal derivados de estas reducciones fiscales podrán ser al menos parcialmente compensadas por una "contribución solidaria" que deberán pagar las empresas energéticas cuando obtengan beneficios considerados extraordinarios, es decir, los generados por subidas de las cotizaciones del petróleo en los mercados internacionales.

Más concretamente, cuando el crudo supere los 70 dólares/barril, deberán pagar el 60 % de los ingresos comprendidos en la diferencia entre el precio de venta al consumidor y ese umbral.

Todas estas medidas, así como la exigencia de un permiso especial para las exportaciones de combustibles que permitirá al Gobierno limitarlas si lo considera necesario, regirán mientras dure el "estado de crisis" en el sector.

Los precios de los combustibles y lubricantes internacionales reaccionaron con marcadas subidas a la reanudación este mes de los enfrentamientos bélicos entre Estados Unidos e Irán.

En Rumanía, uno de los países más pobres de la Unión Europea, el aumento interanual fue de una media del 23,1 % en julio, muy superior al promedio del 13,7 % registrado en el conjunto de los Veintisiete, según los datos de Eurostat.