La destitución se hizo mediante un decreto publicado en la Gaceta oficial de Bolivia, en el que se designó de forma interina como ministro de Economía al titular de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua, Oscar Mario Justiniano.

Espinoza fue censurado el martes por el Congreso tras no comparecer a una citación para explicar las políticas del Gobierno frente a la crisis económica nacional, lo que supondría su destitución, según establece la Constitución boliviana vigente desde 2009.

El ministro pidió reprogramar la interpelación, al argumentar que tenía previstos viajes al departamento oriental de Santa Cruz y a Brasil para atender asuntos oficiales, pero su solicitud fue rechazada por 91 de los 129 parlamentarios presentes en la sesión que votaron a favor de censurarlo.

La Ley 1350, que regula los efectos de la censura, establece que, una vez esta sea resuelta y comunicada formalmente al presidente, este deberá destituir al ministro censurado en un plazo máximo de veinticuatro horas.

El martes, el Gobierno sostuvo que la resolución de censura emitida por el Legislativo "es inconstitucional", al interpretar que la Constitución señala que se debió hacer con dos tercios de los miembros de la Asamblea y no solo de los parlamentarios que asistieron a la sesión, como ocurrió en este caso.

Con el mismo argumento, Espinoza anunció el mismo día una consulta al Tribunal Constitucional sobre la legalidad de su censura y eventual destitución.

El decreto firmado por Paz confirma que se interpuso una acción de amparo constitucional y que la Sala Constitucional Tercera de la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, "señaló audiencia para el 24 de agosto" próximo para tratar el tema.

La norma explica que, no obstante, en los antecedentes comunicados al Ejecutivo respecto a la audiencia no se especifica sobre "la existencia de una medida cautelar, determinación o disposición expresa que suspenda los efectos de la referida resolución de censura".

Por tales motivos, al cumplirse el plazo fijado en la Ley 1350, el decreto señala que "corresponde disponer la destitución del ministro de Economía y Finanzas Públicas censurado, sin perjuicio de las determinaciones" que disponga la Sala Constitucional respecto a la resolución de censura, y además para garantizar la continuidad del funcionamiento de esa cartera de Estado.

En anteriores censuras parlamentarias, los entonces presidentes Luis Arce (2020-2025) y Jeanine Áñez (2019-2020) destituyeron a ministros para luego restituirlos en sus cargos, una práctica cuestionada por críticos que consideraron que vulnera el carácter vinculante de este mecanismo constitucional.