Rematan local de Asociación de Funcionarios del PJ en medio de irregularidades, denuncian
La propiedad ubicada en Ñemby, fue hipotecada por los anteriores directivos de la Asociación de...
La propiedad ubicada en Ñemby, fue hipotecada por los anteriores directivos de la Asociación de Funcionarios del Poder Judicial –actualmente todos condenados por el millonario desfalco– sin que dicho monto haya ingresado a las arcas de la entidad.
Jorge Recalde, actual titular de la Aso del PJ, dijo que llama la atención que todos los recursos e incidentes que promovieron desde un principio los representantes de la demandada en el expediente N° 317 del año 2017 caratulado “LAB SA y otros c/ Asociación de Funcionarios y Empleados del Poder Judicial s/ ejecución hipotecaria”, fueron rechazados sin que el juzgado tenga la menor consideración sobre los mismos.
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El letrado destacó que por esta razón recusaron al juez en lo Civil y Comercial Abg. Juan Martín Palacios, por su notoria parcialidad para resolver todo siempre de acuerdo a los intereses de los demandantes de las firmas PAC SA y LAB SA, indicaron.
Abogados de la contraparte con influenciasRecalde cree que posiblemente Palacios se haya inclinado para favorecer a la parte demandante porque las empresas PAC SA y LAB SA, contrataron al abogado Álvaro Rojas Vía Llanes, hijo de la ministra de La Corte Suprema Dra. María Carolina Llanes.
De igual manera, en este estudio jurídico de Rojas Vía Llanes, integra y a la vez interviene en esta demanda el abogado Ángel Martínez Seifart, hijo de la exmiembro del Consejo de la Magistratura Mónica Seifart de Martínez.
Ninguno de los informes solicitados por la parte demandada tuvieron respuesta favorable. Es así, que por ejemplo, a la primera jueza interviniente Mafalda Cámeron se le solicitó que pida al Banco Central del Paraguay para que informe si las empresas LAB SA y PAC SA están habilitadas para operar dentro del sistema financiero nacional, pero el pedido fue rotundamente rechazado por el juzgado.
Habilitaron la feria judicialOtras de las medidas dictadas por los jueces que Recalde califica como fuera de lugar, es la habilitación de la feria judicial para seguir con la tramitación del juicio ejecutivo, a pesar que la ley solamente permite esta situación en los casos de urgencia y de extrema necesidad.
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Remate de la sede socialLuego de ser recusado el juez Palacios, la causa fue derivada a la jueza de feria Luz Marlene Ruiz Diaz, quien igualmente le aplicó el trámite de celeridad que no se acostumbra ver en los tribunales, indicaron.
Aunque la jueza Ruiz Diaz fue recusado igual sacó el edicto de remate para el 2 de febrero de 2024, a las 15:00 en la Secretaría N° 20 de juzgado de 1° instancia en lo Civil y Comercial del Décimo Turno de la capital, tercer piso del Palacio de Justicia de la capital, a cargo de la magistrada mencionada.
El edicto señala que en el Expediente N° 317 del año 2017 caratulado “LAB SA y otros c/ Asociación de Funcionarios y Empleados del Poder Judicial s/ ejecución hipotecaria”, se procederá a la venta pública en subasta de los bienes inmuebles individualizados en los Registros Públicos.
Avaluación fiscal de la sede socialSegún un informe pericial del tasador judicial Ing. Blas N Pessolani, las cuatro fincas que componen una superficie de 20.722 m2 con 4.034 cm2 de la Asociación de Funcionarios y Empleados del Poder Judicial, está integrada con las fincas N° 6.655, 4.140, 10.215 y 12.686, que corresponden al barrio Cañadita, de Ñemby.
La tasación del ingeniero fue la siguiente:
Construcciones y mejoras: G. 2.463.761.418Terrero: fracción sobre ruta PY01 Acceso Sur, 6.241 m2: G. 5.001.391.704Fracción de atrás: 14.480,40 m2: G. 4.249.839.359Total General: G. 11.714.992.480 (valor de mercado)
Total General: US$ 1.627.082 (valor del dólar: G. 7.200)
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La avaluación fiscal y base de venta para el remateLa finca de 295 m2 tiene una avaluación fiscal= G. 3.205.485La finca de 442 m2= G. 3.205.485La finca de 1 Ha. 9.595 m2= G. 6.281.148La finca del 390 m2= G. 3.205.485Total del precio base para el remate: G. 15.897.603
La rematadora pública es la Abg. Mayra Alejandra Aguilera.
