"El estado de protección de los derechos de los pueblos indígenas es un poco vergonzoso", afirmó Barume en Sídney, al término de una visita de dos semanas al país, durante la que denunció que la situación perjudica la reputación internacional australiana.

El experto instó al Gobierno de Camberra a establecer garantías legales acordes con la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y criticó las políticas penitenciarias y las leyes más restrictivas sobre libertad bajo fianza y condenas, que, según señaló, han contribuido al encarcelamiento desproporcionado de menores indígenas.

Los niños de las Primeras Naciones -como se conoce a los pueblos aborígenes en Australia- representan cerca de dos tercios de los menores internados en centros de detención juvenil, mientras que los indígenas constituyen el 37 % de la población penitenciaria adulta, frente al 24 % registrado en 2009.

Barume señaló que el encarcelamiento no puede entenderse al margen de las consecuencias de la colonización, el despojo territorial, el racismo estructural y las desigualdades sociales.

Los pueblos aborígenes australianos y los isleños del estrecho de Torres son los habitantes originarios del continente y sus islas. Representan alrededor del 3,8 % de la población australiana y agrupan una gran diversidad de comunidades, lenguas y tradiciones culturales que preceden en decenas de miles de años a la llegada de los colonizadores británicos en 1788.

Desde entonces, estas poblaciones han sufrido la pérdida de sus territorios, desplazamientos forzosos, políticas de asimilación y separación de familias, cuyas consecuencias continúan reflejándose en las desigualdades sociales y económicas que afrontan.

El relator expresó asimismo su preocupación por los elevados índices de mujeres y menores indígenas desaparecidos o asesinados, así como por la sobrerrepresentación de niños en los sistemas de protección y acogida.

Durante su visita, Barume accedió a centros de detención juvenil en Queensland y el Territorio del Norte, pero sí reclamó una mayor protección de los derechos territoriales y políticos de las comunidades originarias.

El Gobierno australiano aseguró que recibe favorablemente la visita y defendió que los derechos humanos están protegidos mediante distintas leyes federales y estatales, el derecho consuetudinario -el conjunto de normas y prácticas jurídicas que se basan en las costumbres y tradiciones de una sociedad- y la Constitución.

Barume presentará su informe definitivo ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en septiembre de 2027.