Reynolds aseguró que no desea que este asunto afecte al panorama general de las relaciones económicas y comerciales entre ambos países, al tiempo que expresó su deseo de profundizar la cooperación con Pekín, según un comunicado compartido este miércoles por el Ministerio de Comercio chino.

Por su parte, Wang expresó "gran preocupación" por la nacionalización de la siderúrgica e instó a la parte británica a respetar las normas internacionales, las obligaciones derivadas del acuerdo bilateral de protección de inversiones y a resolver el asunto de forma "prudente y adecuada".

De igual manera, manifestó su disposición a promover un desarrollo sano de las relaciones, así como a agrandar su cooperación.

La transferencia a propiedad pública de British Steel, anunciada el 16 de julio, se produjo después de recibir sanción real la Ley de Nacionalización de la Industria del Acero, que reconoce el interés estratégico de este sector para el Reino Unido.

El Gobierno británico constató entonces que el acero "desempeña un papel esencial en la economía británica", al respaldar grandes proyectos de construcción, redes de transporte, infraestructuras energéticas y la defensa.

Por ello, al no alcanzar un acuerdo con Jingye "beneficioso para el contribuyente", el Ejecutivo decidió nacionalizar British Steel, en la que ya intervino con apoyo financiero en abril de 2025 para mantener en funcionamiento los altos hornos y evitar un cierre abrupto.

La compañía, apoyada por el Gobierno chino, respondió a la nacionalización exigiendo una compensación "oportuna, íntegra y efectiva" por las pérdidas de inversión sufridas.