La Cámara de Senadores aprobó el martes último con modificaciones el proyecto de ley que establece la rectoría sobre el transporte terrestre y modifica la Ley N.º 1590/2000. La propuesta, que ahora será analizada en Diputados, busca reorganizar el sistema con nuevas concesiones, integración tarifaria y un fideicomiso para financiar la operación.

Uno de los puntos centrales es el artículo 20, que declara al transporte público como un servicio imprescindible, por lo que deberá mantenerse operativo en cualquier circunstancia. En caso de huelga o paro, los concesionarios deberán garantizar al menos el 70% de cobertura en horas pico y el 60% en los demás horarios, lo que, según sindicatos, limita de hecho la posibilidad de huelga plena.

El artículo 22 refuerza la obligatoriedad al exigir que el plan de servicio contemple la disponibilidad de buses durante las 24 horas, asegurando accesibilidad permanente a los usuarios. El artículo 42 también ratifica la prestación ininterrumpida y establece que las denuncias de los pasajeros deberán ser respondidas en un plazo máximo de 48 horas.

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En materia laboral, el artículo 39 protege a los choferes: cuando un operador sea reemplazado, el nuevo concesionario deberá incorporar a los conductores con al menos dos años de antigüedad en la línea. No obstante, podrá evaluarlos bajo criterios objetivos, con supervisión del Viceministerio de Transporte (VMT). Además, se prevén fondos especiales o garantías para asegurar las indemnizaciones al término de los contratos.

El texto aprobado también fija que las tarifas deberán aplicarse bajo un mismo régimen para todos los usuarios, mientras que el Ejecutivo seguirá definiendo el precio a propuesta del MOPC.

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En cuanto al financiamiento, se crea un fideicomiso administrado por la AFD, que se nutrirá del billetaje electrónico y subsidios estatales para pagar a los operadores, proveedores de buses, paradas y terminales, y los demás gastos necesarios. La inversión inicial será destinada a la compra de al menos 1.000 buses, con prioridad en unidades de bajas o cero emisiones.

El nuevo esquema reducirá las 36 líneas actuales a unas 10 operadoras, con concesiones de entre 15 y 20 años, integración tarifaria y licitaciones para patios, estaciones, terminales y servicios tecnológicos.