La Cámara de Diputados se prepara para el tratamiento del proyecto de ley de reforma del transporte público, tras la media sanción que dio el Senado a inicos del mes pasado. En una audiencia pública realizada este jueves, de casi tres horas de extensión, representantes de gobernaciones, municipios, gremios empresariales, sindicatos, usuarios y estudiantes expusieron sus posturas.

El denominador común fue la crítica hacia el texto enviado por el Ejecutivo y la mayoría coincide en que la iniciativa carece de visión integral y no garantizaría mejoras sustanciales para los pasajeros.

La audiencia se convirtió en un “espacio de catarsis” y reclamos cruzados. Los cuestionamientos abarcaron desde la falta de infraestructura hasta la larga espera que seguirán teniendo los municipios del interior del país para acceder a un servicio digno.

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Gobernación de Central: “El problema es 80% gestión, 20% ley”

El arquitecto Fernando Maidana, representante de la Gobernación del Departamento Central, advirtió que el proyecto presentado por el Ejecutivo “no dice lo que debería decir”.

“El problema del transporte es 80% gestión y 20% legislativo. Con la ley vigente ya se pueden hacer muchas reformas, como lo demuestra el servicio nocturno Búho”, dijo.

Cuestionó además la falta de capacidad del Viceministerio de Transporte, que “con apenas 30 funcionarios pretende controlar todo el sistema a nivel país”. Propuso que las gobernaciones asuman la rectoría temporal hasta que se formalicen las demás áreas metropolitanas previstas en la ley.

Opama: “Demasiado poco y demasiado tarde”

Para Mauricio Maluf, presidente de la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana (Opama), aseveró que la reforma no es suficiente para revertir la crisis.

“Hace tres décadas, dos tercios de la población usaba el transporte público; hoy, menos del 15%. Con las mismas empresas, las mismas rutas y mil buses nuevos no se va a resolver nada. Este plan pudo haber funcionado en 1995, pero en 2025 es demasiado poco y demasiado tarde”, sentenció, recordando que ciudades como Curitiba, La Paz o Cochabamba ya implementaron sistemas modernos hace años.

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Encarnación exige un sistema digno y también subsidiado

El intendente de Encarnación, Luis Yd, llegó a la audiencia sin invitación formal, acompañado del concejal Juan Augusto Lichi Benítez. Defendió la capacidad de los municipios del interior para gestionar sistemas metropolitanos y reclamó incluirlos en la toma de decisiones.

“Encarnación es vidriera mundial para el deporte y la cultura, pero nuestro gran déficit es el transporte público. Necesitamos un boleto único electrónico y subsidio también para el interior. La OPACI no es la única voz municipal. Queremos estar en la mesa”, enfatizó.

Pasajeros y estudiantes: boleto ignorado

Carlos Paredes, de Opama y la Coalición por los Derechos Estudiantiles (Codes), cuestionó la reducción a diez empresas y la omisión de medidas concretas sobre boleto estudiantil, tercera edad y personas con discapacidad. Reclamó que el proyecto de ley no especifica esa parte.

“A los diputados les digo: dejemos el show y salgan a las calles a hablar con la gente, con los usuarios del transporte, con los choferes”, exhortó.

Empresarios y trabajadores divididos

El presidente del Centro de Empresarios del Transporte Público del Área Metropolitana (Cetrapam), César Ruiz Díaz, acompañado de la asesora jurídica Lorena Segovia, criticó con dureza el proyecto, que a su juicio prioriza garantizar pagos a los empresarios a través de subsidios antes que mejorar la experiencia del usuario.

“Una reforma seria debe incluir infraestructura: carriles exclusivos, semáforos inteligentes, rediseño de itinerarios. Sin eso, no habrá cambio real. Lo presentado parece más un modelo de negocio que una política pública”, sostuvo Ruiz Díaz.

Segovia, por su parte, exigió que el Consejo Asesor de Transporte tenga dictámenes de cumplimiento obligatorio y planteó modificaciones sobre plazos de concesión, esquema de pagos, multas y derechos laborales.

Sin embargo, el representante de la Federación de Transportistas del Área Metropolitana (Fetram), Fredy González, defendió que el proyecto, diciendo que “sí está enfocado en el usuario”. Pidió mantener artículos cuestionados que declaran el transporte como servicio imprescindible.

Rolando Zuccolillo, de la Asociación Paraguaya de Transportistas, planteó por su parte que el objetivo central es recuperar flota y fuentes de trabajo. “Pasamos de 3.200 buses a 1.600. El plan traerá 1.000 unidades nuevas y permitirá sacar a los malos operadores”, señaló.

Fetrat: “No somos enemigos de los usuarios”

El presidente de la Federación de Trabajadores del Transporte (Fetrat), Gerardo Giménez, cuestionó con firmeza los artículos que buscan declarar al transporte público como servicio esencial.

“Eso significa recortar derechos laborales básicos, como el derecho a huelga. Los trabajadores del transporte no somos enemigos del usuario, pero tampoco vamos a aceptar que esta ley se use para disciplinar a los choferes”, advirtió Giménez.

Sostuvo además que la verdadera reforma debe incluir seguridad laboral, salarios dignos y capacitación permanente, porque “sin trabajadores reconocidos y protegidos, ningún sistema de transporte puede funcionar”.

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El viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, reconoció a su vez que el proyecto no genera consenso, pero lo defendió asegurando que constituye “un primer paso imprescindible para modernizar el sistema”.

“No pretendemos imponer un modelo cerrado. Esta es una propuesta perfectible y los aportes de los sindicatos, de los municipios y de la ciudadanía son bienvenidos. Lo importante es que avancemos, porque seguir postergando la reforma solo prolonga el deterioro del servicio”, afirmó.

Fernández respondió a los cuestionamientos de los gremios laborales sobre la declaración del transporte como servicio esencial:“De ninguna manera buscamos conculcar derechos. Esta es una ley de transporte, no laboral. Si existen redacciones que generan dudas, estamos abiertos a revisarlas con los sindicatos para dar garantías”, afirmó.

El viceministro también defendió el esquema de subsidios y la introducción del sistema electrónico de pago. Según dijo, “esto permitirá transparencia en la asignación de fondos y mayor control sobre la cantidad real de pasajeros transportados”, un reclamo histórico de los propios usuarios.

Finalmente, subrayó que el proyecto contempla la incorporación de mil unidades nuevas con aire acondicionado y accesibilidad universal, lo que, a su juicio, marcará un quiebre en la experiencia de viaje.

“El usuario seguirá siendo el centro. No vamos a resolver todo en un año, pero esta ley nos da las herramientas para construir un transporte público digno, moderno y sostenible”, puntualizó.

Latorre: El proyecto aún no será tratado

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, aclaró que la reforma del transporte todavía no ingresará al pleno, ya que el proyecto fue derivado a comisiones para su análisis durante los próximos 15 días.

La jornada, no obstante, dejó en claro que se tienen numerosos reclamos, como las Gobernaciones que reclaman protagonismo, los municipios del interior que exigen subsidios al igual que Asunción y las ciudades vecinas, empresarios disconformes, sindicatos que cuestionan la pérdida de derechos y los usuarios siguen esperando un sistema digno.