Tras la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de ley de reforma del transporte público de pasajeros —que “redefine la rectoría sobre el transporte terrestre y modifica partes sustanciales de la Ley N° 1590/2000”—, los choferes se reunieron ayer y definieron convocar un Congreso de Trabajadores para el próximo 5 de diciembre, en el que decidirán si van la huelga o no.

Una vez más manifestaron su rechazo al plan normativo y advirtieron que la medida de fuerza “es casi un hecho”. Además, la Federación de Trabajadores del Transporte (Fetrat) anunció que denunciará ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que la reforma del Gobierno de Santiago Peña pretende coartar el derecho a huelga de los choferes, según dijo a este diario el presidente del gremio, Gerardo Giménez.

Mencionó que los principales reclamos presentados durante las discusiones legislativas no fueron atendidos.

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Artículo 20: el principal foco de conflicto

El titular de Fetrat señaló que sector sindical se opone principalmente al artículo 20 de la reforma, que mantiene la declaración del transporte público como “servicio público imprescindible”, habilitando sanciones ante interrupciones del servicio.

En el Senado se había establecido que durante una huelga debía garantizarse un funcionamiento mínimo del 70% en horario pico y del 60% en horarios normales. La Cámara de Diputados redujo este mínimo al 60% en todos los horarios, decisión que fue rechazada por los trabajadores, quienes consideran que se vulnera su derecho constitucional a huelga y los convenios internacionales ratificados por Paraguay.

En entrevista con ABC, tras la reunión realizada ayer, Giménez detalló los resultados del encuentro y explicó las acciones que tomará el gremio. “Se ha convocado el Congreso para el 5 de diciembre, a las 15 horas, donde se definirá qué medida de acción tomaremos, incluyendo la posibilidad de una huelga. La intención de la mayoría de los choferes es ir a huelga”, señaló Giménez.

El dirigente explicó que el conflicto se remonta a los compromisos asumidos con el Viceministerio de Transporte y el Ministerio de Trabajo, que fueron luego trasladados al Senado y a Diputados. “Cada vez que se llega al día de la huelga, se plantean soluciones que, a la hora de la verdad, no se cumplen. Hasta ahora no tenemos respuestas concretas sobre la vulneración del derecho a huelga”, agregó.

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Sobre la naturaleza del conflicto, Giménez enfatizó: “El principal reclamo es que el transporte no se declare servicio imprescindible, porque según la Constitución Nacional y convenios internacionales el servicio no debe ser imprescindible. Por eso vamos a denunciar este atropello ante la OIT”.

Denuncia ante la OIT

Consultado sobre el proceso, Giménez explicó que la denuncia se puede realizar de manera presencial o por correo electrónico tanto ante la sede central de la OIT como también en Paraguay, asegurando que la federación está preparada para ambas modalidades.

“Vamos a enviar una nota formal explicando cómo la reforma pretende coartar el derecho a huelga y vulnera convenios internacionales”, indicó.

Sobre la participación en la reunión de ayer, Giménez señaló que fue “bastante interesante” y que participaron varios representantes de los trabajadores. Confirmó que el Congreso del 5 de diciembre será la instancia decisiva para definir las acciones a seguir.

“La mayoría de los choferes están disconformes con lo aprobado en Diputados. Con esta reforma, según nuestra interpretación, se violan derechos fundamentales. Esto ya se decidió en la reunión de hoy (ayer)”, afirmó.

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Lo que aprobó diputados vuelve al senado

La Cámara de Diputados aprobó el martes último el proyecto de ley con modificaciones. Durante el tratamiento legislativo, la mayoría oficialista rechazó, en gran medida, las recomendaciones de la oposición y, luego de introducir modificaciones en varios artículos, el texto vuelve ahora al Senado —cámara de origen— para un nuevo análisis. Los artículos 20 y 39, los más cuestionados por los gremios de choferes, sufrieron cambios, pero se mantiene la declaración del transporte metropolitano como “servicio público imprescindible”, lo que genera preocupación en los trabajadores.

El artículo 20 ratifica que durante huelgas o paros se deben garantizar niveles mínimos de operación, aunque Diputados redujo los porcentajes exigidos por el Senado, mientras que el artículo 39 amplía la obligación de incorporar a todos los trabajadores del operador saliente sin evaluaciones previas. Otros ajustes relevantes incluyen la definición de áreas metropolitanas con participación de los gobiernos locales, la duración de las concesiones entre 7 y 15 años, entre otros aspectos.

El proyecto del Gobierno apunta a implementar un nuevo sistema de transporte en un plazo de cuatro años, con diferentes concesiones adjudicadas mediante licitación pública. Incluye la adquisición de flota por parte del Estado, la reducción de líneas a unas 10 operadoras, integración tarifaria, licitación de terminales y patios, y servicios complementarios como fiscalización y gestión tecnológica. El financiamiento será a través de un fideicomiso administrado por la AFD, sostenido por billetaje electrónico y subsidios estatales, que garantizará pagos a concesionarios y cubrirá costos no cubiertos por el pasaje.