La distribución de los fondos se realiza en dos grandes ejes. Por un lado, el Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae), creado por la Ley Nº 7264/2024 y que concentra el 80% de los recursos, recibió en julio US$ 10 millones, acumulando US$ 88 millones entre enero y julio de 2025.

Por otro lado, los gobiernos municipales, que acceden al 20% de los recursos, recibieron US$ 2,5 millones en julio y alcanzaron un total de US$ 22 millones en lo que va del año. Estos fondos permiten a las municipalidades disponer de mayores márgenes de acción en la ejecución de obras, servicios públicos y programas locales, aunque en la práctica la capacidad de gestión de los municipios sigue siendo un desafío que condiciona la eficiencia del gasto.

El análisis de los datos evidencia que en el periodo considerado Itaipú sigue siendo la fuente dominante de este tipo de transferencias. Aunque los ingresos de la Entidad Binacional Yacyretá también constituyen un complemento más irregular, la proporción que proviene de Itaipú resulta claramente mayoritaria, lo que refleja la dependencia estructural del país respecto a esta central hidroeléctrica. En este contexto, el volumen de US$ 110 millones en apenas siete meses confirma que los recursos generados por Itaipú no solo sostienen programas sociales como la alimentación escolar, sino que también son fundamentales para las finanzas municipales.

El rol del Fonae resulta estratégico, ya que busca garantizar la provisión de alimentos a los estudiantes de instituciones educativas públicas en todo el territorio nacional. Con casi US$ 88 millones canalizados en lo que va del año, se debería fortalecer una política pública de amplio alcance que se espera tenga un efecto directo en la reducción de la inseguridad alimentaria y en la mejora de las condiciones de aprendizaje. El objetivo de lograr la universalización de la alimentación escolar coloca a estos recursos en el centro de la agenda social, especialmente en un país donde las brechas de nutrición y acceso a servicios básicos persisten como desafíos estructurales.

Mientras que el 20% asignado a los gobiernos municipales, que como se mencionaba representó US$ 22 millones hasta julio, constituye un apoyo relevante para el financiamiento de las administraciones locales. Sin embargo, el impacto de estos recursos depende de la capacidad de gestión y de la transparencia en el uso de los fondos por parte de las autoridades municipales. En un contexto en el que muchos municipios enfrentan limitaciones administrativas y financieras, la eficiencia en la aplicación de estos recursos se convierte en un tema central para maximizar su alcance en obras públicas, programas de asistencia social y servicios básicos.

A modo de remarcar, el desafío sigue radicando en asegurar que estos fondos no solo se mantengan estables sino que además sean utilizados con criterios de transparencia, eficiencia y equidad territorial. El potencial transformador de estos recursos es significativo: pueden contribuir a reducir desigualdades, mejorar las condiciones educativas y fortalecer la capacidad de acción de las municipalidades. No obstante, alcanzar estos objetivos requiere de una gestión rigurosa y de un compromiso político que garantice que cada guaraní transferido tenga un impacto real en la vida de los ciudadanos.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones