La demanda que planteó la asociación de excombatientes del 2 y 3 de febrero de 1989 contra el Estado paraguayo fue rechazada por el juez Guillermo Trovato debido a que, en primer lugar, se planteó fuera de plazo, y en segundo lugar, la demanda la planteó una asociación y los derechos humanos que invoca son para las personas, no para las entidades, según explicó el procurador, Marco Aurelio González.

“Estos argumentos ha acogido el juzgado y ha resuelto como entendemos nosotros corresponde, no había ni siquiera tampoco probada la relación causal para determinar una demanda, una indemnización del Estado a favor de esta asociación”, dijo.

Agregó que existe ya una ley sancionada el año pasado, que está vigente, donde se determina un monto máximo como resarcimiento o indemnización para estas víctimas, siempre que se den las condiciones documentalmente de que estas personas pueden ser beneficiadas de la ley.

“Si reúne las condiciones, y el monto está topeado. Hay un monto en salario mínimo, va a estar topeado. Nunca alcanzaría la cifra que es demandada. Puede apelar y yo creo que es muy probable que se confirme porque no tiene razón, la decisión judicial está muy bien fundada”, aseguró.

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Sobre la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco) dijo que la institución cuenta con más de G. 27 mil millones en bienes embargados que están siendo analizados por el equipo de la procuraduría.

“Vimos que no correspondía, son 100% bienes del Estado, son inembargables, y empezamos a pedir los levantamientos de embargos y ya van dos magistrados que se están acogiendo y ordenaron el levantamiento de embargo en cada juicio”, indicó.

Aclaró que cada caso tiene su curso diferente y su tiempo en el que cada juzgado va a determinar con las pruebas que se produzcan.

Agregó que están acompañando los análisis que le piden los trabajadores de Copaco en la mesa tripartita, como también la revisión del convenio colectivo, porque se requiere inversión para Copaco, pero la inversión, tanto público o privada, tiene que darse también en ciertas condiciones.

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Sobre los “invasores VIP” que ocuparon tierras públicas en Remansito, dijo que hasta ahora entregaron ocho personas las llaves de los inmuebles de manera voluntaria, aproximadamente del 50% de esa zona detectada.

“Nosotros nos quedamos litigando contra 30 personas que están ocupando 16 inmuebles todavía en esa zona. El juicio sigue, plantean incidentes, recusaciones, recursos y estamos contestando todo ello, exponiendo y defendiendo las razones del Estado”, afirmó.

Dijo que se estarán resolviendo los casos porque no hay duda de la legitimidad que tiene el Estado paraguayo sobre las tierras.

Por último, dijo que en el caso de PDVSA contra Paraguay están en el mismo estado, teniendo en cuenta que el arbitraje de PDVSA sigue suspendido, las negociaciones con el mecanismo siguen avanzando.