El Tribunal de Apelación de Villarrica resolvió no hacer lugar al recurso interpuesto por la defensa de la empresa criptominera Bitfarms (D&N SA), y con ello se destraba el proceso judicial por supuesta contaminación del aire en su modalidad de polución sonora que enfrenta su gerente, Juan Ignacio Marcillo, acusado por el Ministerio Público en mayo.

El fallo del tribunal, emitido esta semana, dejó firme la acusación fiscal y allanó el camino para la realización del juicio oral y público contra la empresa criptominera Bitfarms, que opera en la fracción Arasa Poty, del barrio Santa Lucía.

La defensa de la compañía había presentado un incidente con el objetivo de suspender la elevación de la causa a juicio, alegando supuestas irregularidades procesales. Sin embargo, los camaristas lo declararon inadmisible.

El juicio será llevado adelante por un Tribunal de Sentencia que estará presidido por Heber Patrocinio Chamorro y contará con la participación del juez Juan Ricardo Gómez. Aún resta la designación del tercer magistrado que completará la conformación del tribunal, paso necesario antes de fijar la fecha para el inicio del juicio oral y público.

La investigación penal se inició tras las denuncias de un grupo de vecinos que, desde junio de 2024, reclamaron por el ruido constante de la planta, que aloja más de 14.000 equipos de minería digital. Aseguran que las operaciones les impedían descansar y han causado trastornos de salud como insomnio, estrés y ansiedad.

El gerente de la firma, Juan Ignacio Marcillo, fue acusado formalmente por la fiscal especializada en delitos ambientales Jadiyi Ortiz, por el presunto hecho punible de contaminación del aire en su modalidad de polución sonora, tipificado en el artículo 198 del Código Penal Paraguayo.

Ministerio Públicó acusó a gerente de megaempresa criptominera por polución sonora en Villarrica

De ser hallado culpable, Marcillo podría enfrentar hasta 10 años de prisión, debido a que el hecho punible se relaciona con una actividad industrial de gran escala.

Según los antecedentes del caso, la Municipalidad de Villarrica realizó mediciones de ruido entre octubre y diciembre del año pasado, que arrojaron valores entre 48 y 63 decibeles, por debajo de los 70 y 75 decibeles permitidos en zonas mixtas e industriales, respectivamente.

No obstante, la Fiscalía sostiene que, más allá de las mediciones puntuales, existen “indicios claros de afectación ambiental y molestias significativas” que justifican la acción penal. Además, se considera determinante el cambio de zonificación del área, dispuesto en julio del año pasado mediante la Ordenanza N° 27/2024, que transformó la zona industrial en una zona mixta.

Con esta modificación, los límites máximos permitidos de ruido en horario nocturno bajaron de 75 a 55 decibeles, nivel que, según los denunciantes, la empresa superaba especialmente durante la noche.

La defensa de Bitfarms, por su parte, sostiene que la compañía cumple con los estándares ambientales vigentes y que se implementaron obras de aislamiento acústico parcial para mitigar el ruido.

Vecinos de Villarrica esperan sentar precedente con juicio contra criptominera

Pese a esas medidas, los vecinos afirman que el daño ya está hecho y que el caso debe servir para establecer un precedente judicial sobre la actividad criptominera en Paraguay. “Si este caso queda impune, mañana mismo pueden volver a hacerlo y las demás granjas podrían repetir el problema”, expresó María Sol Arrúa, una de las impulsoras de la denuncia.

En Villarrica se contabilizan actualmente nueve granjas criptomineras en funcionamiento, todas atraídas por el bajo costo energético del país. Bitfarms, la más grande de ellas, consume, según datos de la ANDE, alrededor de USD 1 millón en electricidad al mes, lo que dimensiona la magnitud de sus operaciones.

Los pobladores consideran que el caso trasciende lo local, ya que podría convertirse en una referencia para el resto del país respecto al impacto ambiental y urbano de la industria de criptominería.

“No estamos en contra del progreso, pero debe existir un equilibrio entre el desarrollo tecnológico y la salud pública”, subrayó Arrúa.