El diputado Raúl Benítez (Independiente), uno de los fiscales acusadores en el juicio político contra el expresidente de la República, Santiago Peña, ahora expuso los elementos objetivos que ameritan el enjuiciamiento y la destitución del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, por “cómplice” en el “encubrimiento” de la fortuna del mandatario y su presunta vinculación con el caso Ueno Bank.

“El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón se tiene que ir. Él es cómplice directo de la quema de archivo que se está llevando adelante en distintos lugares, en distintas empresas de maletín, en propiedades probablemente de Santiago Peña”, dijo Benítez hoy durante la etapa de oradores de la Cámara Baja.

La oposición ya se encuentra trabajando en un eventual libelo acusatorio contra el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, y eventualmente contra el contralor Camilo Benítez y el subcontralor Armindo Torres, que cuando estaba Peña en el poder, no encontraron irregular el enorme crecimiento patrimonial del exmandatario, que hasta tenía una bóveda de alta seguridad en su mansión de San Bernardino.

“Hoy Emiliano Rolón es el cómplice principal y es la pieza fundamental para el camino a la impunidad. ¿Y qué es la impunidad de Peña? Es la pérdida total del dinero de la gente", insistió Benítez, que reprochó la demora injustificable de la Fiscalía para proceder a congelar bienes y fondos, o incluso para cuestiones básicas como incautar el celular de Peña.

El Estado creó un esquema delictivo dice diputado

Hasta ahora, por ejemplo, la Fiscalía tampoco ha ordenado medidas contra el entorno más cercano de Peña, como ser contra la exprimera dama Leticia Ocampos, su hermano, Manuel Peña, entre otros.

De hecho, además de la admisión expresa de “inutilidad” de Rolón, éste reconoció en recientes entrevistas que tardaron en retener el teléfono debido a que “se perdió de vista en la acción principal con la gran cantidad y el cúmulo de informaciones”.

Pero sobre todo le reprochan que pese a la denuncia hecha por diputados opositores el 2 de octubre de 2025, tuvieron que pasar 379 días y varias excusas, para que el pasado 5 de noviembre recién se abra una causa contra Peña.

“Hicimos la denuncia que encima tiene muchos elementos, muchísimos elementos; él tuvo más de un año para buscar información, para indagar y para poder nutrirse de información... y pide paciencia”, reclamó Benítez.

Sin embargo, para el legislador, lo de Rolón no es solo inutilidad, sino una inoperancia cómplice, ya que en la denuncia de los opositores de octubre de 2025 ya se detallaba cómo la fortuna de Peña creció mágicamente más de 1600 %, lo de su mansión en San Bernardino, y el caso de los “Sobres del poder”. Nada de eso se investigó.

Es más, el Fiscal General del Estado, alegando no tener peritos, delegó a la Contraloría General de la República la labor de peritar la correspondencia de bienes, y este contralor ahora reelecto, Camilo Benítez y el entonces director de Declaraciones Juradas y actual subcontralor, Armindo Torres, prácticamente lo blanquearon al decir que no hallaron inconsistencias.

“El Estado construyó este esquema delictivo activo, acomodando normativas, acomodando leyes, tapando pedidos de informe, acceso a información pública, metiendo obviamente la plata en este banco” y “para desbaratar eso, aparte de un compromiso político que tiene que haber desde el Congreso Nacional, necesitamos un Fiscal General que actúe”, reclamó Benítez.

Piden que ministro del MEF vaya a aclarar cuando dinero público se rifó

El diputado Raúl Benítez y su colega Johanna Ortega (Partido País Solidario) también presentaron una nota dirigida al presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre (ANR, HC) solicitando una “convocatoria urgente” al ministro de Economía y Finanzas (MEF), Óscar Lovera para que informe a Diputados cuánta plata pública está en vilo con el caso Ueno.

“Ante la coyuntura económica y financiera que atraviesa el país, el Congreso Nacional debe contar con información directa de la autoridad económica, a fin de ejercer adecuadamente su función de control, especialmente cuando están comprometidos recursos públicos y obligaciones que afectan a distintos sectores de la población”, señala el documento.