En un video en su cuenta de X, Neira subrayó que la "investigación busca determinar de dónde salió ese dinero, quienes intervinieron en su circulación y cuál fue la participación de las personas naturales y jurídicas involucradas".

Agregó que la hipótesis que investiga la Fiscalía apunta al ingreso de dinero en efectivo desde Venezuela, que habría financiado la campaña presidencial del 2023 del binomio Luisa González y Andrés Arauz, por el movimiento correísta Revolución Ciudadana (RC), liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), que cuenta con refugio en Bélgica y que en Ecuador tiene una condena por cohecho.

González, "y al menos otras ocho figuras vinculadas" a la RC "aparecen en el alcance de esa línea de investigación, que también menciona al expresidente Rafael Correa, prófugo de la justicia", añadió Neira.

Mencionó que, en conversaciones halladas en teléfono, "un cooperador de la investigación le escribió a un contacto, identificado en su celular como Aquiles Alvarez 1, le preguntó por el presupuesto global de campaña: 500.000 dólares".

"La respuesta indicaba destinar el dinero a brigadistas, camisetas y otros gastos, y pagarlo todo en efectivo", reveló al asegurar que esos mensajes forman parte de los elementos señalados para investigar la presunta participación del encarcelado alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez "en el financiamiento y pago de gastos de campaña".

Alvarez, que está en la cárcel de máxima seguridad del país, tiene dos sentencias de primera instancia. Una de tres años, por no tener en su tobillo un grillete electrónico que se le había ordenado llevar relacionado con la presunta distribución y comercialización ilegal de combustibles, un caso vinculado a su negocio familiar de estaciones de servicio, y otra de seis años y nueve meses por el mismo caso. Pese a estar privado de libertad, continúa formalmente como alcalde de Guayaquil, aunque sus funciones son ejercidas de manera subrogante por la vicealcaldesa Tatiana Coronel.

Además es investigado por presunto lavado de activos en una segunda causa vinculada a sus empresas de venta de combustibles.

Ana Paula Patiño, directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), señaló que en el período comprendido entre 2020 y 2026, el análisis financiero realizado en este caso identificó varias operaciones inusuales, como más de 400.000 dólares en ingresos sin justificación identificada, el 80 % de los cuales se recibió en apenas dos meses mediante transferencias y depósitos en efectivo.

"Las operaciones fueron ordenadas por terceros sin ninguna relación comercial, contractual o laboral que justificara las transacciones identificadas en el sistema financiero nacional", dijo al anotar que algunas de esas personas no tenían perfiles económicos coherentes con los montos transferidos, y la mayoría de las operaciones las habrían hecho "terceros de nacionalidad venezolana y colombiana".

Patiño añadió que se identificó una dinámica de intermediación financiera intrafamiliar, y se identificaron adquisiciones de bienes inmuebles procedentes de transacciones no justificadas y pagadas de contado.

Neira abundó que la indagación señala posibles vínculos entre personas jurídicas relacionadas con el entramado societario de Alvarez y el financiamiento investigado.

"Además, denuncias sobre presuntas prácticas de financiamiento ilegal, cobro de diezmos a integrantes de organizaciones políticas y pago de coimas a proveedores y contratistas, así como posibles vínculos con recursos de origen ilícito y estructuras del narcotráfico", indicó.

La Fiscalía ha solicitado prisión preventiva para González, detenida a cinco semanas de las elecciones locales en Ecuador, lo que ha llevado al correísmo, la primera fuerza de oposición al Gobierno, a insistir en su tesis de persecución política, ya que también ha sido suspendido como organización política e impedido de participar en los comicios del 29 de noviembre.