Durante la intervención en la sesión ordinaria, en el marco de la elección de representantes ante el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el senador José Oviedo (Yo Creo) lamentó que el sistema judicial siga arrastrando problemas de impunidad, morosidad y presuntas injerencias políticas.

"¿Acaso ya nos olvidamos de los Lalo Chats, el mayor escándalo de corrupción de esta era? ¿Qué pasó después de los Lalo Chats? Nos toca hasta ahora soportar impunidad, morosidad y corrupción en el sistema judicial“, cuestionó Oviedo desde su banca.

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El parlamentario sostuvo que la ciudadanía sigue enfrentándose a un sistema donde una imputación puede derivar en prisión preventiva por largos períodos, mientras persisten fenómenos como la mafia de los pagarés, los títulos falsos, las tierras, la trata de personas y el narcotráfico.

Un proyecto que nació tras el caso Lalo Gómez

Oviedo recordó que el proyecto de ley para modificar la Ley N.º 6814/2021, que regula el funcionamiento del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, fue elaborado precisamente como respuesta institucional al escándalo generado por los Lalo Chats.

La iniciativa fue presentada el 24 de julio de 2025 y desde el 28 de julio del año pasado permanece en estudio de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación del Senado, sin que hasta ahora haya sido dictaminada. En pocos días se cumplirá un año desde su ingreso al Congreso.

Según explicó el senador, la propuesta fue construida mediante audiencias públicas y mesas técnicas en las que participaron representantes del Colegio de Abogados, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, legisladores oficialistas y opositores, además de organizaciones de la sociedad civil.

Incluso advirtió que las comisiones ni siquiera solicitaron los pareceres técnicos correspondientes.

"Toda la sociedad participó en la elaboración de este proyecto y desde las comisiones ni siquiera pidieron pareceres todavía. Después le voy a preguntar a los directores de las comisiones si recibieron alguna instrucción de no pedir esos pareceres“, expresó.

La reforma busca limitar el uso político del JEM

El proyecto pretende modificar varios artículos de la Ley N.º 6814/2021 con el objetivo de fortalecer la independencia judicial, evitar el uso político del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y hacer más transparente el sistema disciplinario.

Entre los principales cambios propone reducir de tres años a uno el mandato de los miembros del JEM, eliminar causales ambiguas de mal desempeño que podrían utilizarse con fines políticos y reforzar la independencia de jueces y fiscales frente a presiones externas.

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Asimismo, el de establecer plazos procesales más claros, cambiar el sistema de acusación en los enjuiciamientos de oficio y dejar la remoción como única sanción del Jurado, derivando las faltas administrativas a los órganos disciplinarios competentes.

También elimina exigencias como la acreditación de solvencia económica para presentar denuncias y fija un plazo máximo de 180 días hábiles para concluir los procesos.

El caso Lalo, eje de la exposición de motivos

La propia exposición de motivos del proyecto menciona expresamente que la reforma surge como consecuencia de las revelaciones contenidas en los chats del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gómez.

El documento sostiene que “un ejemplo emblemático fue la filtración de los chats del extinto diputado Eulalio ‘Lalo’ Gómez, que evidenció injerencias políticas directas en las decisiones del JEM, consolidando su percepción como un mecanismo de disciplinamiento político más que como un órgano técnico e imparcial“.

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Ese argumento constituye uno de los principales fundamentos de los proyectistas para impulsar cambios en el funcionamiento del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

El operativo en el que murió Lalo Gómez

El diputado Eulalio “Lalo” Gómez falleció en la madrugada del 19 de agosto de 2024, durante un allanamiento fiscal y policial realizado en su vivienda de Pedro Juan Caballero, en el marco del operativo “Pavo Real II”.

El procedimiento tenía como objetivo detener a su hijo, Alexandre Gomes, quien estaba imputado por supuestos vínculos con un esquema de lavado de activos y narcotráfico internacional.

Tras la muerte del legislador, la extracción y posterior difusión de conversaciones almacenadas en su teléfono celular derivó en el denominado caso Lalo Chats, que expuso presuntas gestiones, tráfico de influencias e injerencias políticas dentro del sistema de justicia.