El 3 de noviembre, el Banco Central del Paraguay (BCP) inició el procedimiento de resolución de Ueno Bank, luego de constatar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo requerido. Desde entonces, la crisis no dejó de crecer: la Fiscalía imputó a directivos, Miguel Vázquez, presidente del Grupo Vázquez, quedó en prisión preventiva, y este viernes el Senado destituyó a Santiago Peña por mal desempeño de funciones, con 44 votos a favor.

El golpe llegó también a otras empresas del conglomerado. La agencia de viajes Uela cerró sus oficinas este viernes y dejó a unos 130 empleados sin trabajo. En ese escenario, la pregunta para el Estado es qué pasa con los contratos que el grupo tiene en ejecución. A eso respondió el director nacional de la DNCP, el Dr. Agustín Encina.

Encina descartó un corte general de los vínculos. Los contratos vigentes “podrían ir rescindiéndose a medida en que las Instituciones Convocantes vayan detectando incumplimiento”, explicó. De su respuesta se deduce que, la decisión, por lo tanto, quedará en manos de cada entidad contratante y dependerá de lo que se constate en cada caso.

El mecanismo arranca con el Administrador de cada contrato, que debe detectar el incumplimiento y comunicarlo al titular de la institución. Recién entonces se procede a la rescisión y, después, a la ejecución de las garantías correspondientes.

Dicho de otro modo, la pelota queda en la cancha de los funcionarios que supervisan cada contrato. Si ese control falla o se demora, el Estado seguirá atado a proveedores cuyas operaciones, según el planteo de la consulta, están canceladas.

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Cuánto duele depende del avance

Consultado sobre cómo afecta esto a las instituciones públicas, el titular de la DNCP respondió que el impacto “dependerá del grado de ejecución del contrato”.

La lógica señalada por el Dr. Encina es simple: cuanto más cerca esté de terminar, menor el daño. “Si están por culminarse, la afectación será mínima”, sostuvo.

Si el contrato es nuevo, en cambio, el panorama cambia. En ese caso deberá rescindirse y la institución tendrá que convocar una nueva licitación pública por el procedimiento ordinario.

Encina mencionó además la vía de la excepción, que solo corresponde “si es que diera una urgencia”. La contratación por esa vía no es la regla, sino un recurso para cuando el Estado no puede esperar los plazos de una licitación.

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La garantía, el seguro del Estado

El director de la DNCP puso el acento en un punto que, a su criterio, limita el perjuicio. Cada contrato viene acompañado de una garantía presentada por la empresa adjudicada, que “deberá ser ejecutada por la Convocante en caso de incumplimiento”.

En la práctica, esas garantías son el colchón con el que cuenta el Estado ante un proveedor que no cumple. Que efectivamente se ejecuten, y a tiempo, será parte de lo que habrá que seguir de cerca en las próximas semanas.

Al ser consultado sobre cuántos contratos están afectados y de qué monto se habla, Encina no dio cifras. Explicó que la DNCP debe observar “el grado de ejecución de cada uno” antes de precisarlas.

El compromiso es entregar el relevamiento el lunes. “Lo prepararemos con gusto para el día lunes (...) y le remitiremos sin falta”, aseguró.

Hasta entonces queda en el aire la dimensión real de la exposición del Estado frente al Grupo Vázquez: qué instituciones tienen contratos con sus empresas, por cuánto dinero y en qué estado de avance.