El Gobierno de coalición formado por el PSOE y el minoritario Sumar (a la izquierda de los socialistas) aprobó finalmente este martes en la reunión del Consejo de Ministros dos reales decretos ley de vivienda "para defender los intereses y los derechos de la ciudadanía". Pero ¿qué incluyen?

El primer decreto incluye la protección frente a los desahucios para familias vulnerables sin alternativa habitacional hasta 2030 y la regulación del alquiler de temporada, habitaciones y pisos turísticos con medidas como una duración máxima de doce meses para alquiler temporal o la obligación de justificar la temporalidad del contrato.

También se prohíbe durante dos años a los fondos de inversión comprar viviendas para uso especulativo, la prórroga de dos años de los contratos de alquiler que venzan antes del 31 de diciembre de 2028, reducciones fiscales para caseros que bajen el alquiler y bonificaciones fiscales para inquilinos con bajos ingresos y ayudas a compra de primera vivienda, entre otras medidas del primer decreto.

Asimismo, se aprobará un segundo decreto que incluye la renovación automática de los alquileres que vencen hasta 2029 -es decir, la obligación para los arrendadores de acreditar una causa justificada para no renovar el contrato y, si no lo hace, que tenga que indemnizar al arrendatario- y la congelación de las rentas en las actualizaciones anuales.

La rama socialista considera que alguno de los socios más conservadores del Gobierno no va a querer apoyar este último decreto, que se presenta más polémico y que tiene que conseguir una mayoría en el Parlamento para su aprobación definitiva.

El Gobierno ha solicitado ya al Congreso de los Diputados un pleno extraordinario este mismo viernes para la convalidación "inmediata" de los dos decretos de vivienda.

En los decretos no se incluye una de las peticiones básicas de los manifestantes, convocados por el Sindicato de Inquilinas: que se recuperen los contratos indefinidos de alquiler para así evitar subidas desmedidas del precio al finalizar el contrato.

Además, la medida más similar, la de la renovación automática de alquileres, queda en ese segundo decreto que podría no ser aprobado.

Estos decretos tienen que ser convalidados en el Congreso y para ello necesitan el aval de partidos como el independentista catalán Junts, que desde hace días tiene la "puerta abierta" a negociar aunque su posición es la de introducir beneficios fiscales para los propietarios, para que no pierdan dinero con los alquileres.

Además, la acampada de la Puerta del Sol -a la que se han sumado otras en varias ciudades españolas- estaba pendiente de las medidas anunciadas, y ahora los manifestantes tendrán que decidir si mantienen la protesta, al no estar incluidos sus reclamos, o la levantan.

Las portavoces del Sindicato de Inquilinas Valeria Racu y Alicia del Río reiteraron que "todos los ojos están puestos en el texto" para que no se cuele nada por las grietas en las que "siempre nos han colado las estafas de los rentistas", según aseguraron en declaraciones a los medios desde la acampada en la Puerta del Sol.

Mientras, la Comunidad de Madrid, gobernada por el conservador Partido Popular (PP), ha dado 48 horas a los acampados en Sol para levantar la protesta o llevarla ante los juzgados.

La crisis de la vivienda en España es fruto de los desequilibrios entre la oferta y la demanda y el continuo alza de los precios, que agravan los problemas de acceso para buena parte de la población, especialmente los jóvenes y vulnerables.