El decreto, en vigor desde el pasado 8 de octubre, también protege de los desahucios de alquiler a las familias vulnerables sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2030 y limita hasta la misma fecha la compra de inmuebles a los "grandes tenedores" (propietarios de más de diez viviendas o cinco en zonas calificadas como tensionadas).

Asimismo, regula el alquiler de temporada y por habitaciones; impone un IVA del 10 % para los pisos turísticos; rebaja al 4 % el IVA para la vivienda protegida y crea beneficios fiscales para inquilinos y caseros, y préstamos públicos al 0 % para la entrada de una hipoteca.

El Gobierno que preside el socialista Pedro Sánchez sacó así adelante con 35 votos a favor y 34 en contra el grueso de las medidas para afrontar la crisis de la vivienda en el país que aprobó a raíz del desahucio en Madrid de Maricarmen Abascal, de 87 años, un hecho que provocó indignación generalizada y protestas multitudinarias.

Votaron a favor del decreto el Partido Socialista (PSOE), su socio en el Gobierno de coalición (Sumar), las formaciones nacionalistas ERC, Bildu y PNV, y el izquierdista Podemos.

Mientras, lo hicieron en contra el Partido Popular (PP), el ultraderechista Vox y la formación nacionalista catalana Junts.

Estas son las medidas más relevantes del decreto convalidado:

1.- Prórroga de los contratos de alquiler que venzan antes del 31 de diciembre de 2028, por anualidades, con un máximo de dos años.

2.- Tope en la actualización anual de las rentas hasta el 31 de diciembre de 2027 del 0 % si la renta supera el máximo del índice de precios de referencia del Ministerio de Vivienda y del 2 % si no lo supera.

3.- Se establece una duración mínima de 31 días y máxima de doce meses para el alquiler temporal y se obliga a justificar la temporalidad del contrato.

4.- La suma del precio de alquiler de la vivienda por habitaciones no podrá superar el importe de la renta del contrato de arrendamiento unitario de la vivienda completa.

5.- Quedan suspendidos los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2030, si el casero es una empresa dedicada a especular con edificios de viviendas.

Con el resto de arrendadores, la suspensión del desahucio se revisará cada doce meses y tendrá una duración máxima de tres años.

6.- Quedan prohibidas hasta el 31 de diciembre de 2030 las adquisiciones de vivienda a grandes tenedores y a diversas entidades.

7.- Los alquileres turísticos tributarán con un 10 % del IVA a partir del 1 de diciembre de 2026.

8.- Reducciones fiscales para caseros que no sean grandes tenedores y rebajen la renta más del 5 % respecto al contrato anterior, en una horquilla de porcentajes que va del 15 % al 100 %, según diversos supuestos.

9.- Deducción para inquilinos del 10 % en el impuesto sobre la renta (IRPF) por las cantidades pagadas en el año por el alquiler de la vivienda habitual para contribuyentes que ganen menos de 33.007,20 euros anuales.

10.- Préstamos del Instituto de Crédito Oficial (ICO), sin intereses ni comisiones, de hasta 50.000 euros para la entrada en la compra de la primera vivienda (20 % del valor).

11.- Se establece un gravamen especial para las socimi (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario).

12.- Los ayuntamientos podrán cobrar un recargo del 50 % del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a las casas que lleven cerradas sin causa justificada más de dos años, si no están en zona declarada tensionada y pertenecen a titulares de cuatro o más inmuebles de uso residencial; y un recargo de hasta el 100 % cuando el periodo de desocupación sea superior a tres años.

13.- Se reduce el IVA de las Viviendas de Protección Oficial (VPO) de calificación permanente o indefinida al 4 %.

14.- Se crea el Fondo de Vivienda de Impacto Social, adscrito al Ministerio de Vivienda, para financiar la promoción de vivienda de impacto social por parte de proveedores sociales, con una dotación inicial de 400 millones de euros.

15.- Se regula la publicidad, promoción y oferta de arrendamientos de vivienda, de forma que todo anuncio deberá incluir el índice de referencia del precio del alquiler de vivienda y el límite de renta aplicable en los ámbitos sujetos a limitación legal, así como la condición de gran tenedor del arrendador.