Estas protestas están lideradas por el movimiento antiinmigración sudafricano March & March, protagonista de numerosas manifestaciones en los últimos meses contra migrantes irregulares, que en ocasiones se tornaron violentas.

Estas son las claves para entender las movilizaciones:

March & March se define a sí mismo como un movimiento ciudadano creado para abordar la "creciente preocupación" por la migración irregular en el país, así como por su papel en problemas relacionados con la competencia laboral, la seguridad ciudadana o el acceso a los servicios públicos.

La activista zulú de 39 años Jacinta Ngobese-Zuma, fundadora y líder del grupo, tiene un caso judicial abierto por incitar a la violencia pública, cargo negado por ella misma.

Sus demandas incluyen la aplicación de controles migratorios más estrictos, regulaciones de visados más rigurosas, una revisión de las políticas de asilo y tomar medidas contra empresas que contratan a migrantes en situación irregular.

Algo parecido ocurre con la delincuencia, pues Sudáfrica registró 5.181 homicidios en el primer trimestre del 2026, siendo uno de los países con la tasa de homicidios más altas del planeta.

Sin embargo, la Policía no divulga datos sobre la nacionalidad de los criminales en sus informes.

Aunque March & March niega las acusaciones de xenofobia y alega que sólo busca la expulsión de los migrantes indocumentados, se han viralizado vídeos en redes sociales en los que se puede ver cómo se impide a migrantes africanos acceder a atención médica o a educación en instalaciones públicas, sin importar su situación legal.

Estas acciones han provocado en las últimas semanas la muerte de al menos un ciudadano ugandés y cinco mozambiqueños.

Si bien el Gobierno sudafricano ha rechazado en repetidas ocasiones los actos violentos contra los migrantes africanos, también ha defendido la necesidad de combatir la migración irregular en el país, y calificó como "legítimas" las quejas de la población.

Este lunes, el presidente, Cyril Ramaphosa, advirtió a la población contra el "vandalismo" y la "violencia" en estas marchas, para las que la Policía está "alerta máxima" y con "fuerte presencia" en todas las zonas del país, especialmente las más conflictivas.

La tensión ha llegado a tales niveles, que diferentes países han creado operativos para repatriar a sus ciudadanos de Sudáfrica, como Malaui, que ha traído de vuelta a 980 nacionales; o Ghana, que ha hecho lo mismo con 300 personas.

Ghana pidió el 7 de mayo a la Unión Africana que aborde los ataques xenófobos y envíe una "misión de investigación" a Sudáfrica.

Mozambique también ha repatriado a 300 personas, mientras Nigeria ha hecho lo propio con 268 de sus compatriotas, y Zimbabue ha facilitado el retorno de más de 3.600.

Kenia, Malaui y Lesoto han emitido alertas de seguridad para sus ciudadanos residentes en Sudáfrica; y Nigeria, Ghana y Guinea-Bisáu han convocado a los embajadores sudafricanos en sus territorios.

Las tensiones xenófobas son un problema recurrente en Sudáfrica y, a menudo, han desembocado en oleadas de protestas violentas y disturbios, especialmente en los barrios más vulnerables.

Las más graves de los últimos tiempos fueron a finales de 2019, con al menos 18 extranjeros muertos.

Numerosas comunidades de inmigrantes fueron entonces repatriadas por sus propios países, como Mozambique o Nigeria, y Sudáfrica fue blanco de duras críticas internacionales por la xenofobia.

Sin embargo, el peor estallido xenófobo que se recuerda en el país tuvo lugar en 2008, cuando más de 60 personas murieron en este tipo de actos.

Otras siete personas fallecieron en 2015 en una serie de ataques a comercios de extranjeros en Johannesburgo y Durban.