El correspondiente documento, publicado en el portal de información legal del Estado ruso, indica como motivo para la implementación de esta medida "la detección de acciones ineficaces" para defender las instalaciones ante los ataques enemigos o violaciones en las normas de seguridad.

Otra de las razones para el establecimiento del control temporal es la demora en la reparación de las instalaciones dañadas, según el decreto.

Tras el incremento de los ataques ucranianos contra objetivos en la retaguardia rusa y la incapacidad de las defensas antiaéreas de blindar todo el territorio ruso, muchas empresas se han visto obligadas a tomar medidas para protegerse, ya sea mediante la instalación de mallas antidrón, de dudosa eficacia, medios de lucha radioelectrónica y armamento antiaéreo.

El ministro de Finanzas, Antón Siluánov, aseguró en su momento que el Estado no tiene previsto financiar la seguridad de las empresas ante los ataques con drones.

La empresa rusa más castigada en las última semanas por los drones ucranianos ha sido la compañía de comercio electrónico Wildberries, siete de cuyos mayores centros logísticos han sido cerrados tras ser alcanzados, según Kiev.

Según informó el Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania en Facebook, durante los primeros seis meses de 2026 el sector comercial ruso "incrementó sus compras de sistemas antidrones en 6,6 veces, en comparación con el mismo período del año anterior, alcanzando los 5,32 millones de dólares (441,3 millones de rublos rusos)", unos 4,55 millones de euros al cambio actual.

"Las empresas están ampliando su gama de equipos. El grueso de la demanda se centra en detectores de drones fijos y portátiles, sistemas de alerta, así como equipos para interferir canales de control, transmisión de datos y navegación por satélite", señalaron.

Además, "las grandes empresas están formando unidades de respuesta móviles equipados con dispositivos de detección y neutralización de drones; la creación cada formación de este tipo cuesta entre 600.000 y 850.000 dólares (entre 50 y 70 millones de rublos rusos)", añadió la inteligencia ucraniana.

A su vez, el periódico ruso Nezavísimaya Gazeta señaló que las empresas rusas, particularmente las del sector petrolero, afrontan dificultades a la hora de instalar los sistemas antidrones, ya que se necesitan autorizaciones de diversas entidades rusas, y no existen normativas sobre cómo erigir instalaciones de protección contra drones.

El medio añadió que esta situación se complica más debido a trabas burocráticas que exigen autorizaciones del Ministerio de Defensa, la Fiscalía, sin las cuales las empresas pueden ser sometidas a procesamiento penal por incumplimiento de las leyes rusas.