El contralor general de la República, Camilo Benítez Aldana, y el subcontralor Armindo Torres (quien cuando era director de Declaraciones Juradas en ese entonces) firmaron el “examen de correspondencia” que habilitaba a la Fiscalía a “blanquear” al ahora expresidente de la República, Santiago Peña en la denuncia por presunto enriquecimiento ilícito, ahora plantean reformas legales a Diputados.

Uno de ellos, el más interesante y poco cuestionable es el anteproyecto que pretende restituir a su versión original la Ley N° 7089/2023 “que establece el régimen de prevención, corrección y sanción de conflictos de intereses en la Función Pública” y sobre todo, volver a establecer la prohibición de las “puertas giratorias”.

Apenas asumió Peña, junto con su mayoría cómplice en el Congreso, bastardearon e inutilizaron la Ley contra el conflicto de intereses, modificando 18 artículos y derogando, entre otras cosas, la prohibición de las puertas giratorias, como se conoce a los funcionarios públicos que tras ocupar cargos clave en el Gobierno, pasan a la función pública y viceversa.

El tiempo y el caso Ueno Bank revelaron el motivo claro por el cual Peña anuló dicha ley, al nombrar al expresidente de Financiera Ueno, el ahora preso e imputado Carlos Carvallo, como presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), que según la Fiscalía contribuyó a encubrir las operaciones de “vaciamiento” del banco a través de préstamos a empresas vinculadas.

Otro caso fue el del expresidente de la Comisión Nacional de Valores, Joshua Abreu, que tras dejar el cargo estatal fue director titular de Ueno Casa de Bolsa.

El principal problema con estos casos de puertas giratorias son los eventuales conflictos de intereses al posiblemente favorecer a sus exempleadores con políticas estatales o con la omisión de controles, así como, en el caso de salir del Gobierno, el poder utilizar información estatal privilegiada a favor de una empresa, grupo o para beneficio propio.

Restituir obligación de reportar vínculo familiar y plazo especial para agentes del sector financiero

Entre los principales puntos que se recuperarían en el caso de que se deroguen las modificaciones hechas en el gobierno de Santiago Peña, está la obligación de reportar posibles intereses por el vínculo familiar, es decir, declarar empresas o vínculos de familiares directos del funcionario público.

Este artículo también fue eliminado con la complicidad de la mayoría de los legisladores, en un contexto (finales de 2023 e inicio de 2024) en el que estallaron los casos de los “nepobabies” en el Congreso y otras instituciones del Estado.

En ese entonces, la Contraloría también tuvo una actitud cómplice, que dilató la aplicación del formulario para los legisladores, lo que les permitió evitar la DD.JJ. de Intereses hasta que se eliminó la obligación de reportar familiares.

Esa “ayudita” no alcanzó al Ejecutivo, lo que permitió, por ejemplo, recientemente, unir cabos y constatar el conflicto de interés de Carvallo, cuando era presidente del BCP, su esposa María Silvia Vázquez de Carvallo recibía millonarios pagos del grupo Vázquez, encabezado por el ahora preso Miguel Vázquez.

Contraloría plantea en su propuesta ampliar prohibición

Un agregado nuevo que sí sugiere la Contraloría es ampliar la prohibición para evitar las puertas giratorias. La ley original establece que por el plazo de un año desde su salida de un alto cargo estatal, el funcionario tiene vedada la posibilidad de trabajar, ser accionista o mantener otros vínculos con empresas del mismo rubro en el que se desempeño.

Tras el caso Ueno, la Contraloría sugiere agregar un plazo mayor para los casos vinculados a la regulación y supervisión financiera.

El texto propuesto señala que “para los miembros del Directorio del Banco Central del Paraguay, los superintendentes de Bancos, de Seguros y de Valores, y los funcionarios de dichas entidades que hayan tenido intervención determinante en los actos de regulación, supervisión, autorización, sanción o intervención de entidades sujetas a su control, el plazo de las prohibiciones previstas en el artículo 24 será de 2 (dos) años contados desde su egreso”.

Agrega que “durante ese plazo, tampoco podrán ejercer cargos de dirección, gerencia, síndico o asesoría en las entidades supervisadas ni en las empresas que integren su mismo grupo económico”.

Reformas a su Carta Orgánica tiene puntos buenos y otros vidriosos

El segundo anteproyecto presentado por Contraloría es el que establece la “Nueva orgánica y funcional de la Contraloría General de la República”, en la que la Contraloría hizo énfasis en puntos buenos, pero omitió otros potencialmente cuestionables.

Entre las “innovaciones” citadas por Contraloría, se menciona la “Lucha contra la corrupción y recupero de recursos públicos”, donde pretenden “otorgar a los reportes y denuncias de la Contraloría el carácter expreso de denuncia penal, conforme al Código Procesal Penal (art. 22). Incorpora, además, la remisión de antecedentes a la Procuraduría General de la República para la persecución civil y el recupero del perjuicio patrimonial (art. 18, inc. m)”.

Esto último sobre el recupero podría confrontar con la Ley Nº 6431/2019, que “crea el procedimiento especial para la aplicación del comiso, el comiso especial, la privación de beneficios y ganancias y el comiso autónomo”, que delega a la Fiscalía y el Poder Judicial el proceso de recupero de bienes.

También habría que analizarlo en conjunto con la Ley Nº 5876 “de administración de bienes incautados y comisados”.

Otro punto relevante es que se pretende eliminar ambigüedades legales, como la que hasta ahora impide fiscalizar a las entidades binacionales (Itaipú y Yacyretá) e intentarán una vez más eliminar la posibilidad de puenteo a sus controles a través del Tribunal de Cuentas.

También plantean “exámenes de correspondencia más amplios y oportunos” al avalar legalmente poder fiscalizar bienes de funcionarios públicos más allá de sus presentaciones de declaraciones juradas.

En varios casos alegaron la imposibilidad de hacer exámenes de correspondencia de bienes por contar con una sola DD.JJ., es decir, por no tener otra con la que hacer la comparación.

Ante ello, pretenden analizar el patrimonio aun con una sola declaración y respecto de funcionarios en ejercicio (art. 24) y ampliar la posibilidad de requerir información a otras instituciones.

Finalmente, un punto que podría ser vidrioso es que pretenden “autonomía presupuestaria”, mediante la recaudación en concepto de multas y que ellos mismos, sin vínculo con el Ejecutivo, planteen su presupuesto anual al Congreso.