En la Cámara de Diputados se presentó un proyecto de ley que modifica varios artículos de la Ley sobre las tobilleras electrónicas, a fin de definir mejor el rol de cada institución sobre todo en casos de violencia intrafamiliar, y evitar que ninguna se pueda hacer la “ñembotavy”. También se pretende establecer un sistema de prorrateo para cubrir el costo de las tobilleras y para que la insolvencia no sea una excusa.

El feminicidio de Deisy Paola Giménez Segovia y otros desnudaron las limitaciones de la ley actual sobre el uso de tobilleras electrónicas sobre todo en casos de violencia intrafamiliar, donde su “presunto” feminicida Aldo Alexis Duarte Moreira, pese a tener una orden de restricción de acercamiento no tenía ningún control, como eventualmente se pudiese hacer si tuviera el dispositivo electrónico.

Ante esto, la diputada Alexandra Zena (independiente) planteó el proyecto de ley que por una parte propone que en caso de “insolvencia extrema”, las instituciones del Estado hagan un prorrateo para cubrir el costo del servicio de las tobilleras.

La ley actual establece que el Ministerio del Interior es el encargado presupuestario de cubrir los casos donde encausado no tenga los fondos para el servicio de tobilleras electrónicas.

El ministro del Interior, Enrique Riera comentó recientemente que ellos tienen actualmente de sobra presupuesto, pero que hay un “temor generalizado” de los operadores de justicia a imponer el uso de tobilleras.

Sin embargo, si van a cumplir con los más de 4.000 personas con orden de restricción y alejamiento por violencia, ahí si requerirían mayor presupuesto, estimando unos US$ 3 millones más.

Ante esto, el proyecto de Zena sugiere establecer que “en casos de insolvencia acreditada o cuando deban aplicarse medidas urgentes de protección, los costos del servicio de monitoreo y mantenimiento de los dispositivos podrán prorratearse entre las instituciones públicas involucradas, conforme a sus competencias, mediante criterios establecidos por la Oficina de Control Interinstitucional, bajo la coordinación de la Corte Suprema de Justicia”.

Es decir, que el costo lo cubran tanto la Policía Nacional, como el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia.

El otro aspecto que agrega la Ley es un protocolo claro de actuación, para que ninguna institución se haga la desentendida sobre todo en caso de violencia familiar.

Es así que en el artículo 7º, se plantea agregar como numeral 3º el “Procedimiento especial de implementación en casos de violencia intrafamiliar”, que detalla nueve pasos que las autoridades deben seguir.

Entre estas medidas, por ejemplo, se obliga a una rápida coordinación entre la Policía y la Fiscalía, así como al Sistema de Monitoreo por Dispositivos Electrónicos de Control (SIMDEC) a resolver en un plazo máximo de 48 horas los pedidos del servicio, en caso de violencia familiar.

El proyecto aún no cuenta con dictamen y va en paralelo a recomendaciones de reformas a la ley que acercó recientemente Riera a los diputados Rocío Vallejo (Partido Patria Querida) y Jorge Ávalos Mariño (PLRA) en una mesa de trabajo hecha hace unos días.