El presidente de la República, Santiago Peña, firmó la Ley N° 7549, con fecha 10 de octubre pasado, por la cual “dispone la obligatoriedad de la conservación de datos de tráfico para combatir la pornografía infantil y hechos punibles conexos”. La iniciativa, sancionada el pasado 2 de setiembre por el Congreso, también obliga a las proveedoras de Internet a conservar datos de tráfico en Internet de usuarios hasta por lo menos 12 meses, en el caso de que eventualmente se requiera investigar casos.

El proyectista es el diputado Rodrigo Blanco (PLRA, A), quien enfatizó que la falta de una ley que garantice estos datos hace que “de 1.000 denuncias que se reciben desde el exterior respecto a material pornográfico infantil que es remitido desde Paraguay al exterior, el 90% de los casos son archivados” por falta de datos para perseguir a los responsables.

Blanco también resaltó que el proyecto es fruto de un “consenso” con las instituciones afectadas, tanto del sector público como privado, que comprendieron las obligaciones y el objetivo.

Intentan definir resguardo de datos contra pedófilos

Entre los principales puntos de la ley, apunta en su artículo 8 que “el acceso a los datos conservados sólo podrá ser solicitado por el Ministerio Público, mediante orden judicial, en el marco de investigaciones penales relacionadas con los hechos punibles señalados en la presente ley”. Indica que “en todos los casos, se deberán respetar los principios de necesidad, proporcionalidad y privacidad de las personas”.

https://www.abc.com.py/policiales/2025/09/03/ejecutan-operacion-internacional-contra-la-explotacion-sexual-infantil/

En otro artículo señala que las proveedoras de servicios de acceso a Internet y transmisión de datos “deberán conservarlos datos de tráfico de conformidad al artículo 4 de la presente ley, por un período mínimo de 12 meses, a computarse desde la fecha en que se haya producido la comunicación”. Refiere que “la cesión de datos de tráfico se efectuará mediante formato electrónico ante requerimiento fundado de la autoridad competente”.