Este lunes, la Comisión Especial de Investigación sobre Importación Ilegal de Productos se reunió con gremios afectados por el ingreso de mercaderías sin registro sanitarios, para abordar el impacto de esta problemática en la salud de la población, en la economía y en la competencia leal.

Desde hace más de 10 años ingresan al país productos que no cumplen con el Código Sanitario ni con otras normativas relacionadas. Para eludir las reglamentaciones que exigen la trazabilidad e inocuidad de las mercaderías, ciertas firmas importadoras promueven acciones de inconstitucionalidad contra dichas disposiciones y solicitan medidas cautelares que suspendan sus efectos. Hasta la fecha, la Corte Suprema aún no resolvió la cuestión de fondo de la mayoría los recursos presentados por estas empresas contra el Código Sanitario y las normas afines. Pero sí les otorga, entre tanto, medidas cautelares que les permite “puentear” las normativas.

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Comisión transitoria

Tras culminar este lunes la audiencia con los gremios importadores, supermercadistas y proveedores, la senadora y presidenta de la Comisión, Lilian Samaniego, comentó que se formó una comisión transitoria integrada por senadores de distintas bancadas con la intención de realizar un seguimiento de investigación a las importaciones ilegales de productos que están bajo la “custodia” de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa).

Explicó que en el encuentro, los gremios convocados presentaron sus inquietudes y están expectantes de que esta comisión salga con “algo que permita volver a lo formal, a la transparencia y a lo que corresponde”.

“Cada una de estás empresas cumplieron con todos los requisitos legales. Con lo señalado por los gremios de las distintas Cámaras, estás ‘empresas de maletines’ consiguen medidas cautelares a través de la Corte Suprema, que afecta a la comercialización formal del producto”, detalló la parlamentaria.

Iván Dumot, presidente del Centro de Importadores del Paraguay (CIP), señaló que como gremio están buscando una solución a está problemática desde hace tiempo. Con esta reunión con legisladores, el empresariado se interioriza sobre los trabajos que realizará la Comisión y promete facilitar informaciones que sean necesarias, así como trabajar en conjunto.

Mayor gravedad

Dumot detalló que las empresas soportan desde hace años el ingreso de perfumes y cosméticos. Ahora la situación está aún más complicada, pues entran alimentos sin registros y se está a “un paso” de que ingrese también medicamentos, alertó, por lo que está “tomando mayor gravedad la situación”.

“Amerita la intervención del Poder Legislativo. Si bien no pueden exigir nada concreto al Judicial, la participación de la cámara alta exhibirá el daño y el perjuicio que se produce y que servirá para que el Poder Judicial tome una medida diferente”, resaltó Dumot.

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El presidente del CIP explicó que las medidas cautelares se siguen concediendo y siguen teniendo vigencia. Durante la última década pasaron diversos miembros por la Corte pero no exitió variación en el criterio.

Señaló que, por el contrario, la situación se agravó, ya que anteriormente no se concedían para productos de consumo humano, mientras que en los últimos años sí se otorgaron dos medidas cautelares que afectaron a alimentos, bebidas y suplementos nutricionales, y que probablemente se esté “a un paso de los medicamentos”, reiteró.

A favor de la legalidad

Por su parte, el Juan Pablo Jaeggli, vicepresidente de la Cámara de Importadores Perfumes y Cosméticos (Caimpeco), precisó que es preocupante que la Corte Suprema pueda otorgar una gran cantidad de medidas cautelares a este tipo de gente que está causando un gran perjuicio al comercio. “En poco tiempo, los medicamentos serán afectados por este tipo de medidas”, contó.

Jaeggli sostuvo que los senadores se manifestaron a favor de la legalidad y que se cumplan las leyes y el ejecutivo es el responsable de realizar los controles pertinentes que se encuentran en el código sanitario.

“El Poder Judicial está tomando atribuciones u otorgando medidas que en vez de salvaguardar a los consumidores, lo que hace es beneficiar a ciertos sectores, en detrimento de un sector legal constituido como son las empresas que trabajan con toda la de la ley”, concluyó.