De acuerdo con los documentos, el 14 de junio de 2024, una profesora de una institución educativa de Presidente Franco denunció ante la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (Codeni), que un estudiante de 16 años de edad habría sido víctima de coacciones sexuales por parte de su tío desde que tenía 14 años.

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Ese mismo día, representantes de la Codeni denunciaron el caso ante la Fiscalía Zonal de esta ciudad, presentando elementos que sustentaban las sospechas. Sin embargo, de manera inexplicable, el expediente quedó cajoneado.

El caso volvió a salir a la luz la semana pasada, cuando el adolescente comentó nuevamente a sus profesores que ya no soportaba las agresiones sexuales por parte de su tío y que estaba atravesando un severo cuadro de depresión. Ante esta situación, los docentes se presentaron en la Fiscalía para exigir una explicación.

Ante la presión, finalmente se iniciaron las diligencias investigativas para esclarecer el caso. Se solicitó una inspección física del menor por parte de un médico forense y una evaluación psicológica realizada por una profesional del Centro de Atención a Víctimas, quienes confirmaron que efectivamente el adolescente venía siendo víctima de violaciones en forma sistemática.

El menor confirmó que al principio el sindicado lo manoseaba, pero después comenzó a someterlo sexualmente a la fuerza y bajo amenazas.

También, una hermana, que actualmente ya es mayor edad, se presentó en la Fiscalía Zonal y manifestó que también habría sido víctima de abuso sexual desde que tenía 7 años de edad por parte del imputado. Los abusos presuntamente ocurrieron durante 5 años, aproximadamente, incluyendo el coito.

Al tener estos elementos, la agente fiscal Thais García, finalmente procedió a imputar al agresor de coacción sexual y violación y solicitó a la jueza Penal de Garantías, Carina Frutos, declarar su rebeldía, ya que el hombre tuvo suficiente tiempo para escapar.

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Al ser consultada por la demora en activar el mecanismo de protección para la víctima, la fiscala manifestó que estaban investigando el caso y recién el jueves pudieron ubicar al denunciante para tomarle su declaración. Sin embargo, en la denuncia realizada mediante el cumplimiento del protocolo establecido por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) fueron anexados todos los detalles para asistir a la víctima y evitar que continúen los abusos por cinco meses más.

Además, aseguró que “el niño ya fue retirado de la casa donde vivía”, pero sin explicar que por la inacción, el menor continuó conviviendo con su agresor durante cinco meses más.