En El Salvador, las cifras de las personas desaparecidas, cementerios clandestinos y cualquier tipo de violencia fueron puestas bajo secreto en 2022 por las autoridades de seguridad, la Policía y la Fiscalía.

Las mujeres integrantes del Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas de El Salvador, señalaron este miércoles que la iniciativa de ley es "una propuesta construida desde las familias y organizaciones defensoras de derechos humanos con el propósito de llenar los vacíos existentes".

Las personas que forman el Bloque de Búsqueda, en su mayoría mujeres, representan casos de desapariciones que vienen desde al menos el año 2010.

"Esta ley representa años de espera, preguntas sin respuesta, la esperanza de volver a encontrar a quienes un día salieron de casa y nunca regresaron", señalaron, y subrayaron que la "búsqueda no puede depender de esfuerzos aislados".

La propuesta de normativa está integrada por 40 artículos, y uno de sus principales pilares es la creación de un sistema nacional de búsqueda de personas desaparecidas, mediante el cual instituciones como la Fiscalía General de la República, la Policía Nacional Civil y Medicina legal puedan trabajar de manera coordinada.

El Bloque también ha propuesto en la iniciativa que se cree un Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, "que permita establecer una política pública permanente para que la búsqueda no dependa de acciones aislada ni de la voluntad de una institución o funcionario".

Otra de las medidas propuestas es la creación de un Banco Nacional de ADN para "recopilar y comparar perfiles genéticos de personas desaparecidas, familiares y restos humanos no identificados", además de establecer un registro nacional de casos de desapariciones.

"El proyecto también busca que las familias sean tratadas con respecto, dignidad y la urgencia que cada caso requiere, porque una familia buscadora no debería tener que recorrer durante años distintas instituciones, preguntando qué se ha hecho para encontrar a un ser querido, no debería sentirse ignorada", agrega.

De acuerdo con reportes de prensa local, la iniciativa fue recibida por la diputada Claudia Ortiz, del partido de oposición VAMOS, a la espera que se le dé el trámite para su estudio.

Según información obtenida por EFE, antes de que en 2022 los datos sobre desaparecidos fueran declarados secretos, se habían localizado más de 150 cementerios clandestinos vinculados a las pandillas desde 2014, con más de 220 víctimas de la violencia.

Según datos de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), entre 2019 y junio de 2022 se registraron 6.443 casos de personas desaparecidas, de las que -a junio de 2022- 2.400 no habían sido localizadas.

La Fiscalía General recibió en algunos de los años más violentos en El Salvador, entre 2014 y 2019, más de 22.000 denuncias de personas desaparecidas.