El diputado opositor Raúl Benítez dio entrada en Cámara Baja esta mañana al proyecto de ley “que reglamenta la rendición de cuentas sobre la ejecución de fondos de entidades binacionales Itaipú y Yacyretá ante el Congreso Nacional”, que no se contrapone al otros proyecto que también busca la transparencia en el manejo de estos fondos que rondan los US$ 670 millones anuales.

Diputados: Nuevo intento de “revivir” proyectos que causan roncha al cartismo

Esta iniciativa propone que las binacionales, que ahora son usadas como la “billetera personal” del gobierno de Santiago Peña para pagar millonarios presuntos negociados, en los que además se beneficiarían a presuntas empresas amigas del poder, remitan al Congreso la rendición de los llamados fondos socio-ambientales.

Con el argumento de que supuestamente las Binacionales están fuera del éjido de control estatal, el gobierno evade a instituciones de fiscalización como la Contraloría y los procedimientos de licitación pública, mediante la Dirección Nacional de Contrataciones Pública.

Freno a festín con plata de binacionales versus el “me importa un culo” cartista

El proyecto también incluye un artículo donde se plantean posibles sanciones penales en caso de que incumplan con la obligación de remitir la documentación al Congreso. La Fiscalía será la encargada de determinar eventuales hechos punibles a aplicarse.

Puntualmente en el artículo 5º se señala que en caso de incumplir con esta eventual ley, “el presidente del Congreso Nacional remitirá los antecedentes al Ministerio Públicos para los fines legales pertinentes”.

El proyectista Raúl Benítez dijo que este proyecto tiene dos objetivos: 1.) Evidentemente combatir la corrupción que si bien es recurrente en varios gobiernos, tuvo un auge en los últimos meses y 2. ver que el Gobierno invierta el dinero de las binacionales.

“¿Cuál es el punto de controlar el dinero de Itaipú? Por un lado, obviamente, la corrupción que conocemos. La corrupción que ya sabemos históricamente y la corrupción que vimos como nunca estos últimos meses con el tema de los pupitres y otras cuestiones. Ahora, por el otro lado, Paraguay está en puertas de una crisis energética y eso tiene que entender la gente", dijo Benítez.

Señaló que el dinero de las binacionales debe de dejar de desviarse de sus fines y empezar a invertir en infraestructura antes de que llegue la crisis energética, que recordó que sectores como la Unión de Gremios de la Producción (UGP) estima llegará en 2030.

“Tenemos que prepararnos y para eso tenemos que usar bien la plata que tenemos disponible hoy. No tiene que ser para hacer negociados, no tiene que ser para pagarle los amigos, no tiene que ser para pagar fiestas, para pagar curso de belleza, para pagar cualquier cosa que no sirve para los fines que tiene que servir el dinero de la Itaipú y el dinero de Yacyretá“, insistió.

Y finalmente dijo que la sensación que deja este gobierno y puntualmente de Peña es “que está pensando: ‘Señores, nosotros en el 2028 nos vamos, entonces vamos a sacar todo lo que podemos” y que sería hasta iluso que dejen de robar, pero que al menos equilibre e inviertan en infraestructura energética antes de llegar a la crisis.

“Yo le pido la Peña que equilibre, ni siquiera le voy a pedir que no lo haga (dejar los negociados) porque yo no le voy a pedir peras al olmo, pero que equilibre. Necesitamos un plan, señor presidente. Necesitamos un plan a futuro mediano y largo plazo, porque o si no la ciudadanía lo va a pagar”, afirmó.

Este segundo proyecto podría complementar el otro, que figura para su tratamiento como 8º punto del orden del día de la sesión ordinaria del martes 29, que “establece la incorporación al Presupuesto General de la Nación de los recursos asignados por las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá a los gastos sociales” .

Este, a diferencia de la propuesta de Benítez, busca que al ingresar los fondos al Presupuesto General de Gastos de la Nación, ya serán sujetos de toda la cadena de control del Estado. Empezando con el destino de los mismo durante el estudio del presupuesto anual en el Congreso, hacer públicos los procesos licitatorios a través de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y sobre la ejecución correcta, mediante fiscalización de Contraloría.