Una segunda denuncia penal contra el titular del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Carlos Giménez, exintendente de Choré, fue presenta este lunes por Blanca Franco, autodenominada dirigente social de San Pedro, según anunció su abogado Miguel Godoy. En este caso, es por presunto enriquecimiento ilícito.

Godoy explicó que esta nueva acción judicial se da luego de una primera denuncia por lesión de confianza, que “está chicaneada en este mismo momento” y que había sido presentada por la misma dirigente sampedrana.

Según detalló, esa primera causa se refiere a un caso de lesión de confianza por un US$ 1 millón.

“Él mismo supuestamente entregó ese dinero a sus funcionarios en calidad de representantes de los campesinos dentro del marco de lo que serían los fondos para pandemia”, sostuvo.

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Incremento patrimonial y bienes no transferidos

En cuanto a la nueva denuncia, el abogado indicó que se basa en una investigación sobre documentos públicos, incluyendo declaraciones juradas de bienes.

“Desde el 2016 hasta el 2023 existen incrementos patrimoniales en sus riquezas que se condicionan a numerosos elementos de sospecha, creando así el escenario para un proceso penal y una denuncia, que es lo que estamos buscando”, afirmó.

Godoy precisó que, según los documentos, el patrimonio del ministro Giménez aumentó un 154% entre 2016 y 2023.

“En el 2016 como intendente de Choré se sale del cargo asumiendo tener una fortuna de G. 7.800 millones aproximadamente, pasando unos años, en el 2023 esto sube de manera muy trascendente en números bastante importantes porque es un 154%, a G. 20.000 millones”, explicó.

Compra de inmuebles con contrato privado

El abogado señaló además que las declaraciones juradas de Giménez reflejan la compra de varios inmuebles mediante contratos privados.

“Habla de la compra de cinco a seis inmuebles, luego dos inmuebles más y siempre por contrato privado desde el 2016. Estamos hablando de diez años de contrato privado de inmuebles de G. 1.000 millones, 1.500 millones”, mencionó.

Godoy remarcó que “una cosa es que vos no estés transfiriendo un vehículo de baja gama a tu nombre y tengas un contrato privado; otra cuestión es lo de inmueble”.

Añadió que “acá hay situaciones muy oscuras que deben ser investigadas”.

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Pedido de intervención de la Contraloría y la Fiscalía

En este contexto, el abogado informó que solicitaron la intervención de la Contraloría General de la República (CGR) para realizar un examen de correspondencia patrimonial.

“Estamos pidiendo a la Contraloría que haga el examen de correspondencia, que de alguna manera nosotros también ya lo hicimos, que fue el punto de partida de nuestra denuncia penal”, manifestó.

Asimismo, confirmó que la denuncia fue presentada ante el Ministerio Público, donde piden la apertura de una investigación penal. “Hay indicios suficientes y creemos que esto va a representar una formal imputación en tiempo y forma”, dijo.