La sentencia del Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa considera acreditado que durante la fase de instrucción hubo múltiples filtraciones de información a los medios de comunicación, pese a que el proceso estaba sometido a secreto de sumario, lo que generó daños morales al exjefe de Gobierno socialista.

El tribunal rechazó, sin embargo, la otra pretensión de Sócrates, que reclamaba una compensación por la duración de la investigación, que estima excesiva, y redujo la indemnización solicitada (205.000 euros) a 15.000 euros.

La resolución no atribuye las filtraciones a ninguna persona concreta.

La decisión no afecta al proceso penal de la Operación Marquês, que continúa su tramitación.

La Operación Marquês constituye el mayor caso de presunta corrupción política investigado en Portugal. El procedimiento comenzó en 2014 con la detención de José Sócrates, primer ministro entre 2005 y 2011, a su llegada al aeropuerto de Lisboa, y dio lugar a una investigación que se prolongó durante más de una década.

El Ministerio Público sostiene que Sócrates recibió más de 34 millones de euros a través de un entramado de empresarios y sociedades, principalmente por mediación de su amigo y empresario Carlos Santos Silva, a cambio de favorecer intereses privados cuando ocupaba la jefatura del Gobierno y posteriormente.

La acusación vincula esos supuestos pagos con negocios relacionados con el Grupo Lena, la antigua Portugal Telecom, el complejo turístico Vale do Lobo y otras operaciones empresariales.

Tras varios recursos y una compleja fase de instrucción, el proceso llegó finalmente a juicio con 22 acusados y más de un centenar de delitos, entre ellos corrupción, blanqueo de capitales y fraude fiscal.

Sócrates ha negado reiteradamente todas las acusaciones y sostiene que el procedimiento ha estado marcado por irregularidades y vulneraciones de sus derechos.

La resolución conocida este martes se limita exclusivamente a la responsabilidad patrimonial del Estado por las filtraciones producidas durante la investigación y no supone un pronunciamiento sobre la culpabilidad o inocencia del ex primer ministro en el proceso penal.