Las movilizaciones comenzarán el lunes, 2 de noviembre, con una huelga convocada por el Sindicato Nacional de los Trabajadores de los Servicios y Entidades con Fines Públicos (STTS), que afectará a empleados de administraciones, organismos públicos y centros sanitarios.

Entre sus reivindicaciones figuran el aumento de la ayuda diaria para alimentación hasta los 10,20 euros, la revisión del sistema de evaluación profesional, la contratación de personal y el reconocimiento de complementos salariales.

El 14 de noviembre tendrá lugar una jornada nacional de lucha por la vivienda, convocada por los movimientos Casa para Viver y Porta a Porta, con manifestaciones en diferentes puntos del país, incluidos los archipiélagos de Azores y Madeira.

En Lisboa, la protesta comenzará a las 15:00 horas (misma hora GMT) en la Alameda Dom Afonso Henriques, mientras que en Oporto partirá a la misma hora de la plaza del Marquês.

Los organizadores reclaman la retirada de la reforma de la legislación sobre arrendamientos, el fin de los desalojos sin alternativas habitacionales, restricciones a la compra de inmuebles por fondos de inversión y un incremento del parque público de viviendas.

Estas convocatorias prolongarán las protestas de octubre, marcadas por la polémica sobre las intervenciones policiales para desalojar acampadas de manifestantes en Lisboa y Oporto.

Una de las principales jornadas de conflictividad está prevista para el 20 de noviembre, cuando la plataforma sindical Frente Comum ha convocado una huelga de trabajadores de la Administración Pública, que podría afectar a escuelas, hospitales y otros servicios públicos.

Los sindicatos denuncian la pérdida de poder adquisitivo, la desvalorización profesional y el deterioro de los servicios públicos, y exigen al Ejecutivo que negocie las 83 propuestas reivindicativas presentadas el pasado 30 de septiembre.

Un día después, el 21 de noviembre, la Confederación General de los Trabajadores Portugueses (CGTP), principal central sindical del país, celebrará una manifestación nacional en Lisboa para reclamar mejores salarios y pensiones, medidas contra el encarecimiento de los productos esenciales y mayor inversión pública.

La organización, dirigida por Tiago Oliveira, exige aumentos salariales de al menos el 15 %, con un mínimo de 150 euros mensuales, y que el salario mínimo nacional alcance los 1.100 euros en enero de 2027.

La CGTP también ha convocado una concentración ante la Asamblea de la República para el 24 de noviembre, fecha prevista para la votación final de los Presupuestos del próximo año.

A estas movilizaciones se sumará una huelga de funcionarios de prisiones, convocada entre el 17 de noviembre y el 3 de enero por el Sindicato Nacional del Cuerpo de la Guardia Penitenciaria, que reclama mejoras en las horas extraordinarias, las promociones profesionales y la formación.

Según el sindicato, el paro podría provocar que numerosos reclusos permanezcan encerrados en sus celdas durante unas 22 horas diarias, aunque se mantendrán los servicios mínimos.

El calendario incluye también protestas de trabajadores de la educación, la sanidad, la hostelería y el comercio.

La CGTP no descarta una huelga general, aunque todavía no la ha convocado, ni se ha sumado a la propuesta de un paro ibérico para el 11 de noviembre, planteada en las protestas por la vivienda.

El aumento de la contestación social coincide con el debate presupuestario y las reformas laborales y de vivienda impulsadas por el Ejecutivo de Montenegro.