En una visita a nuestra redacción, el abogado Gustavo Velázquez explicó que su defendido Jonathan David Alejandro Presentado Alvarenga, de 29 años, fue detenido en junio pasado, tras ser imputado por supuesto abuso sexual en niños, niñas y adolescentes denunciado por las madres de seis niñas de Zeballos Cue, donde el procesado se desempeñaba como catequista en la Iglesia San Francisco de Asís.

En primer lugar, Velázquez cuestiona las imputaciones y las acusaciones presentadas por la fiscala Susy Riquelme pues, afirma, no están basadas en pruebas materiales sino únicamente en las declaraciones de las víctimas sobre supuestos manoseos.

Prisión para catequista por supuesto abuso a seis niñas en una Iglesia de Zeballos Cue

“Mi cliente fue acusado por supuesto manoseo a seis menores de edad, pero no se presentó ninguna prueba material, no existen indicios ni razonamiento jurídico, solo con la versión las madres de las supuestas víctimas” indicó.

El defensor comentó que la Fiscalía solicitó un estudio sobre el perfil psicológico y psiquiátrico de su defendido, pero como el resultado le salió favorable, no fue incluido en la acusación, motivo por el que él sí lo ofreció para su lectura en juicio.

Defensor afirma que no hay pruebas de supuesto abuso

Por otro lado, el defensor cuestiona a la jueza Clara Ruiz Díaz, a los miembros del Tribunal de Apelación primera y segunda salas y ahora, a los miembros del Tribunal de Sentencia que salió sorteado para atender el juicio, por rechazar la revisión de medidas.

El letrado afirma que los magistrados no estudiaron el caso de manera objetiva, pues sus reiterados pedidos de revisión de medidas han sido descartados en cinco ocasiones sin la debida fundamentación y sin considerar la presunción de inocencia.

“Yo presenté nuevamente la revisión porque considero que la prisión preventiva, a diferencia de lo que interpretan los jueces, es una condena anticipada, entonces es inconstitucional, pero lastimosamente ningún juez está preparado para trabajar y fundar su resolución en base a lo que establece el artículo 137 de nuestra Constitución, que establece supremacía de la Constitución. Ellos simplemente están violando la constitución y tratados internaciones sobre derechos humanos”, afirmó Velázquez.

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Pedido de tobillera electrónica tampoco prosperó

En ese sentido, Velázquez destaca que su defendido no tiene antecedentes, tiene arraigo en el país, ha ofrecido dos innuebles incluso para cubrir la eventual fianza real y hasta el uso de tobillera electrónica, pero estas circunstancias no han sido consideradas por los magistrados.

“Acá lo que pasa es que los jueces no cumplen un control efectivo de constitucionalidad. En qué sentido? de que realmente ellos en sus resoluciones, especialmente en lo que respecta al artículo 125, que habla de que las resoluciones judiciales tienen que estar fundadas (...)” agregó Velázquez.

El defensor se mostró sorprendido por la advertencia que le hizo el Tribunal de Apelación ntegrado por Camilo Torres, Jesús Riera y Paublino Escobar, de que podría aplicar sanciones en caso de incurrir en actuaciones dilatorias.

Asimismo, denunció que ni bien salió la resolución, el expediente fue remitido de inmediato a primera instancia, sin respetar el plazo de tres días que tenía para interponer los recursos pertinentes.

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“Mi conducta dentro del procedimiento es intachable, no he transgredido ninguna normativa ni acordada de la Corte (...)”, aseguró el abogado, tras anunciar que está dispuesto a recurrir a organismos internacionales inclusive, en contra de lo que considera un “ataque” a la defensa.

Fiscal pide unificar causas por hechos punibles contra niños, niñas y adolescentes

Las acusaciones señalan que los hechos denunciados, manoseos a las partes íntimas de las niñas, ocurrieron entre 2022 y 2024. Las víctimas, que tienen edades entre 9 y 14 años, integran un grupo de la Iglesia mencionada, ubicada en el complejo habitacional San Francisco, donde el ahora procesado impartía clases como catequista para grupos los sábados y domingos.

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El caso salió a luz el 13 de agosto de 2024, cuando una de las madres denunció los abusos sufridos por sus dos hijas en un grupo de WhatsApp de la parroquia. De las averiguaciones realizadas a partir de ahí se detectaron otras cinco víctimas.

Recientemente, la fiscala Riquelme solicitó unificar las seis causas abiertas contra Presentado por supuestos hechos punibles contra niños, niñas y adolescentes, petición a la que Velázquez ya adelantó que se va a oponer.