Aunque Nawrocki la remitió inmediatamente después al Tribunal Constitucional, bajo el procedimiento de control posterior, esto permitirá al Gobierno aplicar desde este sábado rebajas en el precio de los carburantes de manera provisional.

En un discurso televisado la noche del jueves, Nawrocki anunció su decisión, al tiempo que lanzó exigencias concretas al Ejecutivo y advirtió de que la medida "debería llevar los precios del combustible a los niveles prometidos a los polacos durante la campaña electoral".

"Cada céntimo recaudado mediante esta ley debe destinarse a la reducción de los precios del combustible", subrayó el presidente polaco, de signo ultraconservador y enfrentado con el primer ministro liberal Donald Tusk.

La firma de la norma y su publicación en el Boletín Oficial de manera urgente -se hizo casi inmediatamente después del discurso televisado de Nawrocki- autorizan al Gobierno a activar los decretos administrativos regulatorios necesarios para abaratar el combustible en las estaciones de servicio.

El ministro de Energía, Miłosz Motyka, declaró este viernes en la radio nacional polaca que está trabajando "a contrarreloj" para que sea posible implementar unas rebajas en combustibles equivalentes a unos 25 céntimos de euro "desde este fin de semana".

Por su parte, el primer ministro Donald Tusk reaccionó a la decisión del mandatario mediante una publicación en sus redes sociales: "No he ganado yo. Ganaron los polacos, que pagarán menos por el combustible".

La legislación aprobada consiste en implantar un impuesto sobre los beneficios extraordinarios logrados por las empresas de combustibles líquidos, para contener las subidas provocadas por la situación del mercado internacional.

La norma impone una tasa del 60 % a productores y del 50 % a vendedores no productores sobre ganancias excepcionales generadas entre marzo de 2026 y marzo de 2027.

Tras haber sido ratificada previamente por el Parlamento y el Senado sin enmiendas, la norma queda sujeta al control posterior del Tribunal Constitucional, y su aplicación fiscal formal queda retrasada hasta el 1 de noviembre de 2026, si el Tribunal no presenta objeciones.

La ley podrá aplicarse mientras el Tribunal Constitucional revisa su constitucionalidad, y si la Corte resuelve que viola la Constitución, las normas invalidadas quedarán anuladas y dejarán de aplicarse.

La nueva norma situaría el precio de la gasolina por debajo de 1,60 euros el litro y el diésel por debajo de 1,83 euros por litro.