A principios de este mes el juez de Garantías Marcelo Ramírez intentó llevar a cabo la audiencia preliminar para un policía de Interpol que en enero de este año fue acusado de presunto abuso sexual en niños. Sin embargo, la diligencia que trata de realizar desde el mes de febrero se suspendió, por 5ª ocasión, debido a que los profesionales que representaban al uniformado renunciaron a la defensa.

En consecuencia, el magistrado intimó al policía a nombrar nuevos representantes, bajo apercibimiento de que en caso contrario se el asignaría un defensor público. Como se cumplió el plazo y el acusado no nombró un nuevo defensor, el juez de Garantía designó un defensor público para que asista al encausado.

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Empero, posterior a esta decisión del magistrado, el policía decidió nombrar como nuevo defensor a un abogado que tiene causal de inhibición con el juez Marcelo Ramírez. En consecuencia, el magistrado se apartó y el caso quedó a cargo de la jueza de Garantías Marcela Mallorquín.

La magistrada intentará la próxima semana, por 6ª vez, llevar a cabo la audiencia preliminar, a fin de analizar la acusación fiscal y si la causa se eleva a juicio oral y público, como solicita el Ministerio Público. La querella espera que el policía no vuelva a plantear una nueva chicana para volver a suspender la diligencia.

Acusación por presunto abuso sexual en niños

El caso involucra a una menor de edad, lo que motivó que gran parte del proceso se mantenga bajo estricta reserva, en cumplimiento de las normas de protección integral de niños, niñas y adolescentes.

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De acuerdo con la acusación presentada por la fiscala Noelia Soto, los hechos habrían ocurrido de manera reiterada desde el año 2021 en el departamento del Guairá, intensificándose con el paso del tiempo.

A partir de la denuncia del caso se activaron los protocolos de intervención del Ministerio Público y del Departamento de Atención a Víctimas del Ministerio Público, según confirmó la fiscal encargada de la investigación.

Durante la etapa investigativa, la Fiscalía recogió declaraciones testificales, informes psicológicos y dictámenes médicos forenses que, según la acusación, acreditan la existencia del hecho punible, entre otros datos clave.

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Magistrada ofreció millonaria fianza a favor del policía

Luego de presentar la acusación la fiscal Noelia Soto detalló a ABC que la conducta atribuida al agente policial configura un hecho típico, antijurídico y reprochable, destacando que no se constató ninguna causal de justificación y que el imputado tenía plena capacidad de comprender la ilicitud de sus actos.

El acusado cumple prisión preventiva en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional, en atención a la medida que fue dispuesta por el Juzgado Penal de Garantías de Villarrica, a cargo del magistrado Marcelo Ramírez, ante la gravedad de los hechos y el riesgo procesal.

Uno de los puntos que generó fuerte controversia pública fue el ofrecimiento de una fianza millonaria por parte de una magistrada cercana al acusado, situación que fue cuestionada por la querella y generó sospechas de posible injerencia en la causa.

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La Fiscalía, sin embargo, ratificó su postura y avanzó con la acusación, solicitando la admisión de todas las pruebas documentales, testimoniales y periciales reunidas durante la investigación. Entre las pruebas ofrecidas figuran informes médicos forenses, evaluaciones psicológicas, informes asistenciales y las declaraciones de la víctima, familiares y profesionales intervinientes.

Protección

El nombre del procesado y demás datos se omiten en cumplimiento del artículo 29 del Código de la Niñez y Adolescencia, que prohíbe brindar informaciones o divulgar fotografías que pudieran identificar a menores víctimas o autores de hechos punibles.