El artículo 3 del proyecto modifica el reglamento interno y establece: “Queda totalmente prohibido las filmaciones y/o grabaciones durante las sesiones ordinarias y extraordinarias realizadas dentro del recinto de la sala de sesiones por terceros o concejales municipales, sin previa autorización de la presidencia de la Junta Municipal”.

La disposición condiciona así las grabaciones independientes a un permiso previo del presidente de la corporación legislativa, tanto para los propios ediles como para terceros.

Cuestionamientos constitucionales

La medida abrió el debate sobre los límites que puede establecer un órgano legislativo municipal para documentar sus actividades, considerando que las sesiones involucran decisiones y actuaciones de interés público.

El artículo 26 de la Constitución Nacional garantiza la libertad de expresión y de prensa, mientras que el artículo 28 reconoce el derecho de las personas a recibir información y establece que las fuentes públicas son libres para todos. El artículo 29, por su parte, protege el ejercicio del periodismo frente a la autorización previa.

En ese contexto, la exigencia de un permiso para realizar grabaciones podría generar cuestionamientos sobre su compatibilidad con las garantías constitucionales. La eventual inconstitucionalidad de la medida, sin embargo, requiere un análisis jurídico específico.

Junta defiende la disposición

Tras la controversia, la Junta Municipal difundió un comunicado en el que aseguró que la medida no afecta las transmisiones oficiales ni interrumpe la cobertura de los medios acreditados.

La institución sostuvo que el personal autorizado continuará transmitiendo las sesiones ordinarias y extraordinarias mediante los canales institucionales y que el espacio destinado a los periodistas permanecerá habilitado.

Según el comunicado, la disposición busca ordenar el ingreso y el uso de equipos de grabación dentro del recinto. No obstante, el texto aprobado también alcanza a los concejales que pretendan realizar registros audiovisuales por sus propios medios sin autorización previa.

Sanciones disciplinarias

El proyecto de Hugo Ovelar, del sector Honor Colorado de la ANR, también establece sanciones para los concejales que incurran en faltas de respeto, imputaciones malintencionadas, interrupciones reiteradas u otras conductas consideradas inapropiadas durante los debates.

Las medidas incluyen advertencias verbales, amonestaciones formales, suspensión del uso de la palabra y expulsión del recinto. También contempla la suspensión temporal de dos a cuatro sesiones ordinarias, sin goce de dieta, con convocatoria del suplente correspondiente.

Durante el tratamiento, el concejal Elvio Castro respaldó la iniciativa argumentando que contribuiría a mantener el orden. Diego González Torres también apoyó la propuesta y solicitó su aprobación sobre tablas.

Debate sobre transparencia

La controversia también tiene un trasfondo político, debido a que los registros audiovisuales son utilizados por concejales de la oposición para documentar intervenciones y decisiones que posteriormente cuestionan. Aunque el proyecto no señala expresamente a un sector político, la restricción alcanza a todos los ediles y terceros que no cuenten con autorización.

El acceso a las transmisiones oficiales no necesariamente sustituye la posibilidad de realizar grabaciones independientes para documentar lo ocurrido durante una sesión.

La cuestión de fondo es hasta qué punto una institución pública puede restringir el registro audiovisual de sus propias actuaciones sin afectar el derecho ciudadano a controlar a sus representantes. La Junta defiende la medida como una herramienta de orden interno, pero su aplicación abre interrogantes sobre los límites entre la regulación institucional y las garantías constitucionales de información y transparencia.