En el Congreso duerme hace meses un proyecto de “reforma” de la Caja Parlamentaria, el cual es citado únicamente como excusa para decir que supuestamente tiene propuestas y evadir el planteamiento de eliminar la jubilación vip, tal como plantean los diputado Raúl Benítez (Independiente) y Johanna Ortega (Partido País Solidario).

Ante plan de eliminar “jubilación vip” reflotan reforma de Caja Parlamentaria

Dicho proyecto presentado por los diputados José Domingo Adorno (ANR, HC) y Juan Maciel (ANR, Añeteté), además de plantear algunos parámetros, como ser la edad mínima de jubilación (pasar de 55 años de edad a 65), pretende ampliar los mecanismos de ingresos de recursos para el Fondo jubilatorio parlamentario.

Jubilación parlamentaria ya desangró G. 34.367 millones a los contribuyentes

La ley que rige actualmente a la Caja de Jubilaciones parlamentaria, e su artículo 7º es más bien genérica, ya que por ejemplo habilita a generar ingresos mediante “las rentas de las inversiones del Capital disponible del Fondo” y “otros ingresos de cualquier naturaleza no contemplados expresamente en los incisos anteriores”.

Actualmente, la mayor parte de los ingresos de la caja parlamentaria son los aporte de los legisladores, así como el otorgamiento de préstamos y algunas inversiones en Certificados de Depósitos de Ahorros (CDA).

Sin embargo, ahora pretenden ampliar, incluso habilitando al emisión de tarjetas de crédito como mecanismo de generación de rentas, algo que es mas propio de entidades financieras y regulado por la Ley 5476/15.

En tal sentido, se pretende habilitar a realizar inversiones tales como “Compras directas de instrumentos de regulación monetaria y otros títulos valores” del Banco Central del Paraguay y “compras de notas y bonos emitidos por el Tesoro Nacional”, la “compra de certificados de depósitos a plazo, letras elegibles emitidas por las entidades financieras del país”.

Además de eso, el proyecto de modificación también agrega la “emisión de tarjetas de crédito” y “otorgar préstamos a miembros del Congreso Nacional, jubilados, pensionados y funcionarios del Congreso e instituciones afines donde tenga a representantes del Congreso dentro de su estructura orgánica”.

La actual presidenta de la Comisión Administradora de la Caja Parlamentaria, la exsenadora Blanca Lila Mignarro informó que ya mantuvo reuniones con la Superintendente de Jubilaciones y Pensiones, a Griselda Mariel Figueredo de Giménez para hablar del tema.

Sostuvo que la nueva ley de jubilaciones y pensiones da suficientes garantías para realizar inversiones y que cualquiera “que timbea con el dinero de las cajas, tiene pena cancelaria y pecuniaria”.

La misma reiteradas veces insistió que la Caja parlamentaria “tiene vuelo propio (sostenibilidad)” hasta 2035, pero que sin embargo, insistirán con las reformas para darle mayor “previsibilidad” a la caja.

Lo de la sostenibilidad actual está en seria duda en base a datos expuestos por Benítez y Ortega. Pese a todo esto, los legisladores -sobre todo oficialistas- han demostrado hasta ahora nulo interés en tocar su privilegiada jubilación.

Mientras responsables de al Caja Parlamentaria alegan que supuestamente es sostenible por si misma, los diputados Raúl Benítez y Johanna Ortega expusieron los balances donde señalan que en poco más de dos décadas, se destinaron unos G. 34.367 millones para sostener la jubilación vip legislativa.

Esta es privilegiada en varios aspectos, principalmente en cuanto a edad y años de aporte, ya que cualquier legislador puede jubilarse con solo 55 años de edad y 10 años de aporte, cobrando el 60% de la millonaria dieta (G. 22.740.000), o con el 80%, si suma 15 años de aporte (G. 30.320.000).