Integrantes de la Asociación Civil Defensores del Ybytyruzú y vecinos de Eugenio A. Garay reclaman que la Justicia revoque el beneficio de suspensión de la pena otorgado al productor brasileño José Carlos Casagrande, luego de que fuera denunciado nuevamente por cultivar soja en una propiedad donde ya había sido condenado por hechos ambientales. La Fiscalía constató la nueva plantación, ubicada a unos 50 a 70 metros de un pozo artesiano comunitario.

El reclamo es impulsado por integrantes de la Asociación Civil Defensores del Ybytyruzú y vecinos de la comunidad, quienes cuestionan que el productor vuelva a desarrollar cultivos de soja en zonas donde existen restricciones municipales. Una de las condenas que registra Casagrande corresponde precisamente a actividades realizadas en la misma propiedad en la que ahora fue denunciada una nueva plantación.

La nueva situación fue constatada por la fiscala de la Unidad Penal Especializada en Delitos Ambientales, Jadiyi Ortiz, quien se constituyó en el inmueble tras recibir una denuncia de los pobladores. Durante la intervención, verificó que la soja ya había sido sembrada a una distancia aproximada de entre 50 y 70 metros de un pozo artesiano utilizado por la comunidad.

Sojero con dos condenas por delitos ambientales vuelve a sembrar soja cerca de un pozo comunitario en Guairá

En esta ocasión, Casagrande alegó contar con una autorización del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) para realizar los trabajos de siembra y fumigación. La fiscala le otorgó un plazo de 24 horas para presentar los documentos y anunció que su validez y alcance serían corroborados con la institución ambiental. La representante del Ministerio Público confirmó que el productor cumplió con dicho plazo y que los documentos serán analizados.

La representante del Ministerio Público también confirmó que existe una ordenanza municipal que prohíbe los monocultivos de soja y la aplicación de agroquímicos dentro del distrito. La documentación presentada por el productor deberá ser contrastada con las disposiciones locales y los antecedentes judiciales del caso.

Casagrande registra dos condenas de un año y seis meses de prisión cada una, con suspensión a prueba de la ejecución de la pena por dos años, por hechos punibles contra el medio ambiente relacionados con cultivos de soja y el incumplimiento de medidas de mitigación ambiental.

Uno de los procesos estuvo vinculado a una plantación mecanizada en el casco urbano de Eugenio A. Garay, en las inmediaciones de un pozo de agua de una junta de saneamiento. Se trata de la misma propiedad en la que actualmente fue constatada la nueva plantación denunciada por los pobladores.

La segunda condena correspondió a cultivos desarrollados en la zona de amortiguamiento de la Reserva de Recursos Manejados del Ybytyruzú, donde también se cuestionó el uso de agroquímicos. En las investigaciones anteriores, el Ministerio Público había constatado cultivos mecanizados que abarcaban aproximadamente 11 hectáreas, pese a las restricciones y medidas de suspensión de actividades.