La acusación fue presentada por la fiscal especializada en Medio Ambiente, Zunilda Ocampos Marín, contra George Javier Gómez González, responsable de la matadería La Familia-Frigomez. El citado enfrenta un proceso penal por el incumplimiento de medidas de mitigación y el procesamiento ilícito de desechos generados durante el faenamiento de ganado vacuno.

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La causa se inició tras una denuncia difundida el 17 de febrero de 2026, que alertaba sobre la aparición de sustancias desconocidas en las aguas del río Acaray. La información generó preocupación entre los pobladores de la zona ante una posible alteración del curso hídrico, la fauna, la flora y la salud humana.

A partir de ese reporte, el Ministerio Público inició las diligencias para determinar el origen de los residuos y establecer las responsabilidades correspondientes.

En el marco de la investigación, una comitiva fiscal allanó el 18 de marzo de 2026 la matadería, ubicada en el km 9 Acaray de Ciudad del Este, a orillas del río Acaray.

Durante la intervención se constató que el establecimiento realizaba el faenamiento de ganado vacuno y contaba con sectores destinados a la limpieza, el almacenamiento de estiércol y el tratamiento de efluentes líquidos. También se verificó que las tres lagunas de estabilización anaeróbicas se encontraban a cielo abierto y no contaban con la impermeabilización mediante geomembranas establecida en el plan ambiental aprobado.

Durante la inspección también se constató el escurrimiento a cielo abierto de líquidos provenientes de la limpieza de la planta, con presencia de sangre, grasa y estiércol. Asimismo, se observó un antiguo canal de desagüe que contaba con una salida directa hacia las márgenes del río Acaray. La Fiscalía sostuvo que estas condiciones evidenciaban deficiencias en el manejo y tratamiento de los efluentes líquidos, pese a las obligaciones previstas en el Plan de Gestión Ambiental aprobado en 2025.

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Entre los elementos reunidos por la Fiscalía figuran declaraciones testimoniales, informes técnicos y documentación de distintas instituciones, además de un análisis del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) y un informe de Itaipú Binacional.

También fueron incorporadas actas de procedimientos, informes y documentos del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), resultados de análisis de muestras y registros de las verificaciones realizadas en el establecimiento.

Con estos elementos, la fiscal Zunilda Ocampos sostuvo que la investigación se encuentra agotada y formuló acusación contra el responsable de la firma. Asimismo, solicitó la admisión de las pruebas y la elevación de la causa a juicio oral y público.