De acuerdo con la investigación, los casos de acoso se produjeron de forma sistemática entre los años 2012 y 2020 dentro del CBVCDE. Supuestamente, el hombre acosaba a las víctimas y les exigía mantener relaciones sexuales a cambio de permanecer en la institución y recibir varios beneficios, como dinero, regalos y teléfonos celulares, si accedían a sus pretensiones.

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Ante la negativa, el hombre manoseaba y maltrataba verbalmente a las dos subalternas, obligándolas a realizar ejercicios físicos como castigo. También, empleaba un lenguaje vulgar para referirse a ellas, señalando incluso las posiciones sexuales a las que querría someterlas.

Las víctimas contaron que debido a los acosos sistemáticos se vieron obligadas a renunciar y quedaron con secuelas psicológicas, según el dictamen de una psicóloga del Ministerio Público.

Las afectadas decidieron denunciar el caso inicialmente ante los directivos del Cuerpo de Bomberos y luego oficializaron la acción ante el Ministerio Público, que inició la investigación contra el presunto responsable.

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Finalmente, la fiscala Cinthia Leiva acusó a Bravo González y solicitó a la jueza Penal de Garantías Alba Meza la elevación de la causa a juicio oral.