La Cámara de Diputados solicitó informes al Ministerio de Justicia, cuyo titular es Rodrigo Nicora, sobre la compra de uniformes a los guardiacárceles, a iniciativa de la diputada Johanna Ortega (PPS).

Según los datos se habría detectado un supuesto sobreprecio de G. 177.000 por cada uniforme para los agentes penitenciarios. La licitación fue mediante la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), e incluyó seis lotes (uniformes y calzados para los reos y guardiacárceles), que fue financiado por la Itaipú Binacional.

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La diputada opositora pidió la copia de la resolución Nº479 del Ministerio de Justicia que regula el uso obligatorio de uniformes en centros penitenciarios.

Además solicita la copia del expediente completo del proceso de licitación para la adquisición de uniformes destinados para las personas privadas de su libertad en las cárceles de Minga Guazú y de Emboscada.

Esto debido a que el proceso licitatorio se realizó de manera muy hermética y no se tienen muchos datos precisos.

La diputada también pide la lista de centros penitenciarios habilitados a la fecha y la cantidad de personas privadas de libertad, diferenciando la cantidad de condenados de los procesados sin condenas.

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Johanna Ortega busca saber cuáles fueron los criterios técnicos, operativos, financieros y estratégicos que usó el Ministerio de Justicia para priorizar la implementación de los uniformes en los centros penitenciario de Minga Guazú y Emboscada.

Consulta además si está contemplado extender la medida a otros establecimientos penitenciarios del país, indicando cuales serían los priorizados, el cronograma de implementación y recursos presupuestarios.

También se pide la copia del convenio entre el Ministerio de Justicia y la Itaipú Binacional en el marco del “Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana”, incluyendo las capsulas de responsabilidad.

Por último pide el currículo, los antecedentes académicos y el historial laboral del director designado para el centro penitenciario “Martín Mendoza”.

El Ministerio de Justicia dispone de 15 días hábiles para remitir su informe a la Cámara de Diputados.