La formación ha remitido un escrito en el que solicita, como medida cautelarísima sin oír a las partes, que suspenda los efectos electorales de todos las personas incorporadas al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA, votantes españoles en el extranjero) que hayan adquirido la nacionalidad a través del Anexo III de la ley de nietos.

Ese Anexo III afecta a los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad por citada ley.

Según Iustitia, hasta el 31 de julio de 2026, inmediatamente antes del cierre del censo electoral aplicable a los comicios generales adelantados al próximo 29 de noviembre en España, constaban 189.678 inscripciones correspondientes a este supuesto.

De esta forma, solicita que los sufragios puedan ser recibidos pero permanezcan "separados y bajo custodia", suspendiéndose su incorporación al escrutinio hasta completar la identificación de los electores afectados y su relación con los progenitores ya sometidos a la suspensión cautelar del derecho al voto.

Y, subsidiariamente, en caso de que se rechace su petición, plantea que se identifique inmediatamente a los hijos cuyos progenitores se encuentren afectados por las medidas cautelares ya acordadas por el Supremo (más de 163.000) y que se suspendan sus efectos electorales hasta resolver su situación.

A primeros de septiembre, el Supremo dejó en suspenso provisionalmente las altas incorporadas al CERA hasta que los consulados acreditasen que los nacionalizados por la ley de nietos cumplen la condición de ser descendientes de españoles exiliados por razones políticas y otras.

La ley de nietos es en realidad una disposición de la Ley de Memoria Democrática (2022), que permite optar a la nacionalidad española a hijos y nietos de españoles que sufrieron exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación sexual.

Para su aplicación, el Gobierno español aprobó posteriormente una instrucción que "presume" la condición de exiliado a todos los españoles que salieron del país entre 1936, cuando comenzó la guerra civil, y 1955, en plena dictadura del general Francisco Franco.

De este modo, no hacía falta probar el exilio mediante documentos para acogerse a la ley de nietos.

Pero Iustitia Europa y el partido de extrema derecha Vox recurrieron esa instrucción y el Supremo dejó en suspenso cautelarmente las altas en el censo electoral de los afectados, que suman 163.020 y no podrán votar en las elecciones generales del 29 de noviembre.

Por otro lado, el Supremo reclamó al Gobierno que remita antes de este miércoles, 28 de octubre, la relación nominal de los 163.020 afectados por la suspensión del derecho al voto.