El funcionario Rubén Penayo solicita que la CGR determine mediante una auditoría de gestión si la administración del titular del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC), vulneró el principio jurídico de autovinculación, al apartarse de las disposiciones contenidas en la Resolución N.° 340/2025 y de los lineamientos establecidos por el Modelo Estándar de Control Interno del Paraguay (MECIP).

Según la presentación, ambas normas fueron dictadas por la propia Presidencia del Senado y establecen que todo ingreso, promoción y categorización del personal debe sustentarse en criterios de transparencia, mérito e idoneidad técnica.

La denuncia pide específicamente una Auditoría Integral de Cumplimiento, Gestión y Control Interno correspondiente al periodo comprendido entre julio de 2024 y abril de 2026, con el objetivo de verificar si la administración respetó las normas internas que regulan la gestión del capital humano.

El escrito sostiene que el pedido complementa una denuncia presentada anteriormente ante la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) y acompaña un análisis técnico de las planillas oficiales del Senado.

De acuerdo con Penayo, la documentación evidencia una presunta falta de trazabilidad en los procesos administrativos e identifica indicadores que, a su criterio, contradicen los estándares de control interno establecidos por la propia institución.

Denuncia apunta a ingresos, salarios y crecimiento de la estructura

Entre los principales hallazgos mencionados en la denuncia figura que 447 funcionarios incorporados durante la actual administración, equivalentes al 56,27 % de los ingresantes, tendrían como máximo nivel académico registrado el bachillerato o directamente no contarían con información académica en sus legajos, pese a haber accedido a categorías presupuestarias elevadas.

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Asimismo, el documento sostiene que existirían diferencias salariales entre funcionarios que ocupan cargos equivalentes, con variaciones cuya mediana alcanzaría los G. 5 millones mensuales y casos que llegarían hasta G. 12.379.500.

El denunciante estima que estas diferencias representarían un impacto presupuestario anual superior a G. 9.600 millones.

Otro de los puntos cuestionados es el crecimiento de la estructura administrativa del Senado. Según la denuncia, en menos de dos años la plantilla funcional aumentó 12,85 %, principalmente mediante nombramientos permanentes que generan obligaciones financieras de largo plazo para el Estado.

Piden cruces de datos con MEC, IPS y DNIT

Como parte de las diligencias solicitadas, Penayo requirió que la Contraloría realice verificaciones individualizadas y cruce información con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), el Instituto de Previsión Social (IPS) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

El objetivo, según la presentación, es corroborar la legalidad de los nombramientos, la autenticidad de los antecedentes académicos, la situación previsional de los funcionarios y la sostenibilidad financiera de la gestión del capital humano en la Cámara de Senadores.

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El abogado recordó que el 11 de mayo pasado ya había presentado una denuncia ante la UDEA por presuntos hechos punibles como lesión de confianza, tráfico de influencias y administración para provecho propio, entre otras figuras.

De acuerdo con el denunciante, hasta la fecha el Ministerio Público no informó públicamente si se abrió una carpeta fiscal en relación con esa presentación.