El diputado Raúl Benítez pidió formalmente al presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, que la mesa directiva convoque al titular de la ANDE, Miguel Báez, y a representantes de la Procuraduría General de la República a su próxima reunión.

La nota fue presentada este viernes 18 de setiembre de 2026, y lleva el sello de recepción de la Dirección de la Mesa de Entrada de la Cámara Baja, con esa misma fecha.

El legislador también difundió el pedido en su cuenta de X, en la que planteó una pregunta directa sobre el manejo del tema por parte del Gobierno.

Según el documento, el pedido responde a “las recientes publicaciones periodísticas” que señalan un supuesto perjuicio patrimonial derivado de los decretos que regulan las tarifas electrointensivas.

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Esa situación, agrega la nota, derivó en la notificación al Estado paraguayo de un aviso de controversia y de la intención de someter un reclamo a un arbitraje internacional por parte de la firma Atome PLC.

Añade Benítez que las “contradicciones” que surgieron tras el comunicado oficial de la Procuraduría, que informó que, “a la fecha”, no existe una demanda formal ni un arbitraje iniciado contra el Estado paraguayo por parte de dicha empresa.

En su publicación en X, el diputado indica que solicitaron a la presidencia de la Cámara convocar a la Procuraduría y a la ANDE “para que brinden explicaciones sobre los ‘compromisos’ asumidos con Atome”.

Y cerró su mensaje con una pregunta: “¿El Gobierno dispuso arbitrariamente de nuestra energía?”. La publicación fue realizada a las 14:54 de hoy.

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La nota no detalla cuáles serían esos “compromisos” ni precisa el monto del supuesto perjuicio patrimonial mencionado en las publicaciones periodísticas. Pero se entiende que se refiere a lo publicado por Atome el jueves último en un comunicado, en el que anunciaba que, a través del estudio White & Case LLP, notificaría a la República del Paraguay un Aviso de Controversia e Intención de Someter una Reclamación a Arbitraje (“el Aviso”), conforme al Acuerdo entre el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el Gobierno del Paraguay para la Promoción y Protección de Inversiones (“el TBI”).

Agrega que “en la preparación del Aviso, la magnitud de la reclamación fue evaluada de forma independiente por un experto en daños de reconocido prestigio internacional como muy sustancial”.

Aclara que sería “en el orden de los cientos de millones de dólares estadounidenses, al punto de que, de presentarse, constituiría una de las mayores reclamaciones —si no la mayor— jamás iniciadas contra el Estado paraguayo en virtud de un tratado bilateral de inversión”.

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En un mensaje posterior en X, el mismo legislador cuestionó el trasfondo del reclamo de la firma. Sostuvo que lo de Atome “parece más un ‘operativo apriete’ que una búsqueda de ‘resarcir daños’”.

Benítez fue más allá y afirmó que “a esta altura es imposible separar el accionar de esta empresa de los intereses de Peña y su entorno”.

Según el diputado, “se quiere forzar una tarifa metiendo un cháke desesperado”. En el texto del mensaje no se precisan los datos en los que se basan estas afirmaciones.

El pedido pone sobre la mesa dos planteamientos que el diputado quiere que sean explicados en la Cámara: por un lado, la notificación de un aviso de controversia y la intención de Atome de ir a un arbitraje internacional; por otro, la afirmación de la Procuraduría de que, hasta ahora, no hay demanda ni arbitraje en curso.

La convocatoria depende de la decisión de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, a cuyo presidente, Raúl Latorre, está dirigida la nota.