El anexo de la Resolución 52552 de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) detalla qué deben presentar los proyectos de Inteligencia Artificial (IA), computación en la nube y centros de datos que quieran energía de la estatal. Son seis bloques de información: infraestructura, antecedentes comerciales, perfil eléctrico, capacidad financiera, terreno y plan de obra.

El artículo 3 los establece como criterios para la “acreditación” de los proyectos y faculta a la ANDE a pedir informes adicionales al Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y al Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC).

Según los considerandos, se basan en la Nota S.N. 1348 del 21 de octubre, de esas carteras, para verificar la naturaleza de la actividad y valorar su “relevancia estratégica”. Aunque cabe aclarar que el texto no explica cómo se medirá esa relevancia.

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Una lista de espera de 6.000 MW

El presidente de la ANDE, Ing. Miguel Báez, calculó en unos 6.000 MW las solicitudes recibidas. “Eso nos están demandando”, respondió al confirmar la cifra. Aclaró, sin embargo, que “en realidad no son pedidos todavía”: se trata de interesados, “algunos no tan serios, otros sí más”.

Los volúmenes van de 30 MW a 600 MW. Algunos proyectan pasar de mil a dos mil y tres mil megavatios en tres años, una oferta “poco creíble”, según Báez, porque ningún sector eléctrico podría dar esa energía “año a año”.

Del lado de la oferta, la ANDE dispone de unos 750 MW. Con los 286 MW comprometidos con Kuntur, quedan aproximadamente 464 MW. “No es mucho lo que tenemos para ofertar”, admitió Báez, y agregó: “ese es nuestro límite”.

La demanda declarada equivale a unas 13 veces lo que le queda a la ANDE. También supera el consumo máximo del país, que según Báez “ya superó” los 5.500 MW.

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Infraestructura de nivel mundial

En lo técnico, el anexo pide una declaración jurada de intención de obtener una certificación mínima Uptime Institute Tier III o TIA-942 Rated 3. Debe cubrir el diseño, la construcción y la operación, y llevar un cronograma. También exige arquitectura con redundancia, ciberseguridad, fibra óptica redundante, detalle del hardware con fabricantes y modelos, y la capacidad de cómputo instalada.

Cabe señalar que el Tier III define a un centro de datos en el que cada componente de energía y refrigeración puede repararse o reemplazarse sin apagar el servicio, con una disponibilidad esperada de 99,982%, o hasta 1,6 horas de caída al año. La TIA-942 es una norma paralela, de la Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones.

Asimismo, la PUE mide la eficiencia energética del centro dividiendo la energía total que usa por la que consumen sus equipos de cómputo, y cuanto más cerca de 1, es mejor. La WUE relaciona el agua que gasta con la electricidad que usan esos equipos, en litros por kWh. La capacidad de cómputo se expresa en PFLOPS: mil billones de operaciones por segundo.

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Cliente de clase mundial y estructura societaria

En lo comercial, el solicitante debe acreditar antecedentes y experiencia verificables, propios o de su empresa matriz, e identificar su estructura societaria. Además, debe presentar un contrato vinculante, un acuerdo comercial firme u otro instrumento de ese tipo con un cliente de clase mundial para el producto o servicio que genere el proyecto.

La norma define a ese cliente como una referencia relevante en mercados internacionales de su sector, condición que debe probarse con información verificable.

El requisito de estructura societaria toca de cerca el caso de Kuntur. Báez dijo que la ANDE firmó con “una firma paraguaya”, con RUC local, y pidió averiguar su vínculo con Araico, la empresa internacional: primero dijo entender que Kuntur es propiedad de Araico y luego que es uno de sus accionistas. La entrevista no abordó si Kuntur presentó esta documentación antes de firmar.

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Dinero y terreno

En lo financiero, el anexo pide la inversión total en dólares, el CAPEX (inversión) y el OPEX (gasto operativo anual) estimados, la estructura de capital y las fuentes de financiamiento. Exige estados financieros auditados de la promotora o de su matriz, respaldos bancarios o cartas de apoyo financiero y la documentación sobre el origen lícito de fondos que fije la normativa aplicable.

Para el sitio, hay que acreditar control efectivo del inmueble con título de propiedad, arrendamiento de largo plazo, opción o promesa vinculante de compra o alquiler, o reserva formalizada ante escribanía.

Quien no sea el dueño debe presentar la conformidad del propietario y un derecho “exclusivo o suficientemente firme” para avanzar. Si es una opción o promesa, tiene que haber un pago efectivo. No valen las cartas de intención que no generen obligaciones para las partes.

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Cronograma, conexión y plan de obra

Los solicitantes deben informar sobre la potencia a solicitar en MW y el nivel de tensión, la demanda y el consumo promedio en punta y fuera de punta, el perfil horario y el factor de carga trimestral. Deben presentar además un cronograma de energización progresiva, con etapas, fechas y potencia por fase, y precisar la subestación de interconexión y el costo de la conexión, a cargo del usuario.

El último bloque pide indicar en qué etapa está el proyecto, desde la prefactibilidad hasta la operación. También exige la fecha de decisión final de inversión, el inicio de obra, los permisos y licencias con su estado de trámite, los contratistas o la estrategia de contratación EPC, y una matriz de riesgos.

Ese esquema coincide con lo que Báez describió del contrato con Kuntur: 6 MW desde el 1 de diciembre de 2026, 146 MW desde abril de 2028 y 286 MW desde abril de 2029, con las obras de conexión “a cargo y costo” de la empresa.

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Cómo se elegirá

Con los documentos presentados, la ANDE evaluará y seleccionará a las empresas, dijo Báez. Tendrán prioridad las que ya firmaron un memorándum de entendimiento con la estatal, para mostrarles un procedimiento “que es único y que es igual para todos”. Si cumplen, serán habilitadas “de acuerdo a la disponibilidad energética”, es decir, mediante contrato. No precisó cuántas son ni qué potencia suman.

La resolución no menciona esa prioridad por memorándums, ni un orden de evaluación, ni plazos para presentar solicitudes, tampoco cupos por empresa. Con unos 450 MW por asignar frente a pedidos por 6.000 MW, esos puntos no figuran en el texto.