Durante la revisión del presupuesto del Ministerio Público ante la CBP, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, admitió el lunes, fallas en la atención a víctimas y expuso las carencias del laboratorio forense.

Los legisladores cuestionaron la actuación de los fiscales y consultaron sobre los recursos para investigar delitos. Se comprometió a informar qué porcentaje del presupuesto se destina a investigaciones de corrupción.

PGN 2027: Fiscalía pide US$ 72 millones más para infraestructura, sedes propias y tecnología forense

Feminicidio, atención a víctimas y desalojos

La senadora Yolanda Paredes abrió las consultas con críticas a la actuación de los fiscales. Preguntó si el Ministerio Público cuenta con un protocolo para los casos de feminicidio y qué mejoras recibió el laboratorio forense.

También cuestionó el uso de la figura de “cesación de hecho punible” en procedimientos contra ocupaciones campesinas y pidió que Rolón precise qué norma permite esas intervenciones.

A estas consultas, el fiscal general Emiliano Rolón sostuvo que la distribución de tareas entre los Juzgados de Paz y la Fiscalía puede dejar a las víctimas sin protección efectiva. Explicó que las derivaciones entre instituciones dificultan la respuesta ante una denuncia. “La fiscalía, algunos fiscales en el interior, estoy de acuerdo, se relajan”, admitió.

Propuso revisar la Ley N° 1.600 que establece normas de protección contra la violencia doméstica para que el Ministerio Público intervenga plenamente desde la primera manifestación de violencia. Señaló, además, incumplimientos de las medidas de protección, aunque no precisó si existe el protocolo solicitado por Paredes.

En cuanto a la orden de desalojo dijo corresponde al Poder Judicial. Diferenció ese procedimiento de la cesación de los efectos de un hecho punible, una figura que ubicó en el Código Procesal Penal.

Según explicó, su aplicación requiere una intervención inmediata ante el hecho y pruebas de violencia o clandestinidad. Citó las llamadas invasiones VIP en la zona del río Paraguay como antecedente de conflictos que, por su antigüedad, deben resolverse mediante acciones judiciales sobre los derechos de posesión o propiedad.

¿Con cuántos técnicos cuenta el laboratorio forense?

Rolón afirmó que el único laboratorio forense del Ministerio Público está en la capital y cuenta con 19 técnicos. La institución recibió 215.000 causas el año anterior y, según relató, antes de la audiencia le informaron que los expedientes del año en curso ya superaban los 200.000.

Como ejemplo de las dificultades, mencionó el caso del teniente coronel Moral, en el que una prueba de ADN requirió aproximadamente tres meses. Afirmó que, según la información que recibió del Instituto de Previsión Social (IPS), ese organismo podría realizar el mismo estudio en 24 horas.

Planteó un convenio con el IPS para acceder al servicio. Según su explicación, cada prueba costaría hasta G. 1 millón bajo ese esquema, frente a casi G. 4 millones en el sector privado.

PGN 2027: MAG tendrá US$ 71 millones para ejecutar programas pero habla de cómo afectará El Niño

Alquileres y construcción de sedes

A su turno, el diputado Emilio Pavón consultó sobre la posibilidad de establecer un programa de construcciones para los próximos cinco años.

Propuso aprovechar los terrenos donados a la Fiscalía y explorar el apoyo de Itaipú o de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico). Según su intervención, la partida para alquileres representa un gasto de casi US$ 2 millones para el Ministerio Público.

Rolón respondió que el 90% de los locales de la institución son alquilados y que dispone de 38 predios donados que podría aprovechar para construir sedes propias. “Para mí es una sangría innecesaria”, expresó sobre el gasto en alquileres.

Pidió apoyo para completar el edificio de la localidad de Encarnación el año próximo, con una inversión de US$ 5 millones. Sin embargo, su respuesta no incluyó un programa de obras a cinco años con financiamiento definido.

¿Cómo siguen investigaciones contra autoridades?

El diputado Adrián Billy Vaesken preguntó qué infraestructura necesita la Fiscalía para investigar a las autoridades de mayor poder. Cuestionó la falta de avances que atribuyó a una denuncia sobre los bienes del “primero de la Magistratura”.

Contrastó esa situación con la prisión domiciliaria de Elías Cabral, quien, según su intervención, acompañó reclamos de adultos mayores.

Rolón sostuvo que las investigaciones deben basarse en pruebas y rechazó que dependan de los colores políticos. No detalló qué infraestructura requiere la investigación de la denuncia mencionada.

Sobre Cabral, afirmó que no había recibido una queja por ese caso y se comprometió a conocer sus antecedentes. Señaló que la privación de libertad debe ser la última medida y que la defensa puede presentar sus reclamos ante el juez.

PGN 2027: Ministerio de la Niñez tendrá US$ 24,5 millones y dice que priorizará la primera infancia

Tobilleras electrónicas y banco de ADN

La diputada Alexandra Zena consultó cuánto demora una respuesta del laboratorio forense y por qué cuenta con tan pocos profesionales. También preguntó si las tobilleras electrónicas pueden aplicarse en casos de acoso o violencia con órdenes de alejamiento.

Además, presentó una propuesta de Banco Nacional de Perfiles Genéticos Forenses bajo administración del Ministerio Público. Explicó que la comparación de muestras de ADN permitiría esclarecer delitos o buscar personas desaparecidas.

El fiscal general respondió que el acuerdo inicial sobre tobilleras electrónicas contempló delitos sexuales y violencia familiar. Afirmó que luego se amplió a todos los delitos y alcanzó cobertura nacional. Precisó que el beneficiario debe asumir el costo del servicio.

Sobre el banco genético, propuso ampliar su alcance más allá de los delitos sexuales. Advirtió, sin embargo, que no existe una partida presupuestaria prevista para ese nuevo compromiso.