Los exministros de la antigua Secretaría Técnica de Planificación José Molinas (2013 - 2018) y Hugo Royg (2009 - 2011) analizaron el vínculo entre el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y el Presupuesto General de la Nación (PGN).

Cuestionaron la necesidad de mejores sistemas de evaluación, información pública confiable y un mayor control sobre el destino de los recursos. Fue anoche, en el programa Plaza Pública de Desarrollo en Democracia (Dende) emitido por ABC TV.

¿El PGN está alineado al Plan Nacional de Desarrollo?

Los panelistas coincidieron en que la Constitución Nacional establece que los planes nacionales de desarrollo son indicativos para el sector privado y de cumplimiento obligatorio para el sector público.

En ese sentido, el exministro José Molinas explicó que entre 2014 y 2018 existió un proceso gradual para vincular los programas públicos con los objetivos estratégicos del PND 2030. Más adelante, la preparación presupuestaria incorporó productos que debían aportar a los resultados previstos en los 77 objetivos del plan.

A su criterio, esa vinculación general existe, aunque resulta insuficiente para determinar si el dinero público produce los resultados esperados. “Nosotros tenemos un sistema de evaluación extremadamente débil”, afirmó.

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¿El PGN debe definir qué financiar?

A su turno, el exministro Hugo Royg sostuvo que la relación entre planificación y presupuesto debe reflejarse en decisiones concretas sobre la distribución de recursos.

Según explicó, las áreas priorizadas deben recibir fondos y aquellas que pierden prioridad deben reducir sus asignaciones. También refirió se debe identificar qué programas alcanzan sus objetivos y cuáles no.

El economista cuestionó que, en la práctica, el presupuesto pueda convertirse en una suma de números cuyos nombres coinciden con los objetivos del plan, pero sin decisiones basadas en resultados.“El plan es un mapa, pero si no mueve la plata, no sirve de nada”, expresó.

Dijo que sin ese análisis, la asignación presupuestaria queda expuesta a demandas sectoriales, presiones políticas y necesidades de corto plazo.

Menos del 2% de los programas tendría evaluaciones

Uno de los principales cuestionamientos de los exministros fue el reducido alcance de las evaluaciones dentro del Estado.

En ese sentido, Molinas citó distintos mecanismos existentes, entre ellos evaluaciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), programas financiados por el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI) y proyectos respaldados por organismos internacionales. Sin embargo, estimó que ese conjunto no alcanza ni al 2% de los programas.

En el curso del debate, el especialista recordó programas impulsados por el Estado como Tekoporã, el cual tuvo evaluaciones y señaló que existe un estudio sobre Adultos Mayores que requiere mayor desarrollo. También mencionó una evaluación previa a Hambre Cero sobre el programa de Alimentación Escolar.

Sobre Hambre Cero, planteó la necesidad de contar con mecanismos de evaluación temprana y seguimiento que permitan conocer sus efectos. La discusión tomó especial relevancia ante el peso de los programas sociales.

Según datos del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) en el presupuesto para el año que viene, el programa Hambre Cero en las Escuelas tendría una asignación de G. 3,2 billones (US$ 495,5 millones) lo proyectado de manera global para la Pensión Universal para Adultos Mayores alcanzaría G. 3,6 billones (US$ 557,4 millones).

Las evaluaciones de estos programas sociales también fue cuestionado por la senadora Esperanza Martínez al ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, en el curso de la defensa de su presupuesto ante la Comisión Bicameral del Presupuesto (CBP).

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Educación: PND fijó una meta para reducir el analfabetismo funcional

Otro de los puntos tratado en el programa fue la calidad de la educación. En ese sentido, Molinas recordó que el PND 2030 estableció como objetivo que los adolescentes de 15 años alcanzaran al menos el nivel dos de competencia de PISA para 2030.

Según los datos citados durante el debate, en 2022 el 91% continuaba en situación de analfabetismo funcional y para 2025 la situación se mantenía.

El exministro explicó que el país realizó una evaluación censal de aprendizaje en 2015, aunque sus resultados se conocieron recién en 2018. “Posteriormente hubo otra medición, pero el proceso perdió continuidad”, refirió.

Dijo que la falta de información periódica limita la capacidad del Estado para identificar qué políticas educativas producen resultados y cuáles requieren cambios.

Según los datos oficiales del informe del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes, PISA 2025, el puntaje promedio de Paraguay en lectura se desplomó de 373 a 352 puntos, lo que representa una pérdida neta de 21 puntos en apenas tres años.

Con este resultado, el porcentaje de estudiantes paraguayos situados en los niveles de rendimiento más bajos (por debajo del nivel básico) trepó del 65% registrado en 2022 a un alarmante 77%.

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Evaluaciones externas para reducir conflictos de interés

El economista Royg planteó que las evaluaciones no deberían quedar exclusivamente bajo responsabilidad de las propias instituciones que ejecutan los programas. “Universidades, consultores u organizaciones externas podrían participar en estos procesos para reducir conflictos de interés y aportar una mirada independiente”, acotó.

Dijo además que el análisis, no debería limitarse a los programas sociales. Royg citó como ejemplos posibles el puente Héroes del Chaco, los programas de formación del Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal) y del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), así como los incentivos vinculados al régimen de maquila.

“Se debe comparar el costo de una política con el resultado que produce antes de decidir un aumento, una reducción o una reasignación de recursos”, resaltó.

El Estado debe brindar información que sea trazable

Los panelistas también señalaron problemas en la calidad y disponibilidad de la información estatal. Royg citó como ejemplo las dificultades para determinar las obligaciones pendientes del Estado con proveedores de medicamentos y obras públicas. También cuestionó cambios en el acceso a datos de comercio exterior.

La trazabilidad fue otro punto del debate. Cada obra, compra o entrega estatal debería contar con datos que permitan identificar su destino y comprobar su ejecución. “Todo ladrillo puesto tiene que tener nombre, ubicación, factura”, sostuvo Royg.

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¿La tecnología puede ser un aliado del control ciudadano?

Molinas señaló que la tecnología actual permite nuevas formas de consulta y control, siempre que las bases públicas den datos confiables y accesibles. Recordó que durante el periodo 2014-2018 existió un tablero de control ciudadano y presidencial que permitía comparar compromisos de instituciones públicas con su nivel de ejecución.

También explicó que más de 230 de los 260 municipios que existían en ese momento prepararon planes municipales participativos, mientras que más de 220 crearon consejos de desarrollo municipal.

“La idea consistía en acercar información sobre obras, presupuestos y compromisos del Gobierno central en cada distrito. Se facilitaba el control desde el propio territorio. Parte de esa estructura perdió continuidad en administraciones posteriores”, concluyó Molinas.

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