El proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio fiscal 2026 está actualmente en estudio en el seno de la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso, que el último lunes 8 abrió el periodo de audiencias informativas.

La referida comisión, conformada por 52 miembros, senadores y diputados, en esta etapa convoca a las principales autoridades de las instituciones públicas para que expongan sus respectivos proyectos y respondan a las consultas.

En las audiencias informativas, generalmente, es cuando se solicitan los aumentos presupuestarios, en forma directa o simplemente exponiendo las necesidades de las institución para que algún legislador se haga cargo de la modificación.

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Los primeros en participar de las audiencias fueron los ministros: Óscar González, del Ministerio de Defensa; Juan Carlos Baruja, del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH); y Jalil Rachid, de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

Aunque los ministros no solicitaron aumentos, tras la exposición de los números los parlamentarios consideraron, principalmente en el caso de Defensa y Senad, que deberían contar con más recursos para la lucha contra el crimen organizado.

Déficit fiscal y plan de convergencia

En la víspera, desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se realizó una conferencia de prensa virtual para dar a conocer el informe de “Situación Financiera de la Administración Central” al mes de agosto.

La exposición estuvo a cargo del viceministro de Economía y Planificación, Felipe González Soley, y del director de Política Macro Fiscal, Rolando Sapriza, quienes informaron que al octavo mes del año el déficit fiscal acumulado se situó en 0,8% del PIB y el anualizado en 2,5% del PIB.

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González aseguró que las perspectivas continúan alineadas con el cumplimiento de la meta de convergencia fiscal prevista para el cierre del año, del 1,9% del PIB. En tanto, para el ejercicio 2026, se deberá reducir a 1,5% del PIB como lo establece la Ley de Responsabilidad Fiscal y el plan de convergencia del gobierno.

Pedidos para aumentar el presupuesto

En se contexto, se le preguntó al viceministro como están viendo el inicio del estudio del PGN 2026 en el Parlamento, atendiendo los eventuales pedidos de ampliación que podrían llegar durante el estudio que se extiende hasta fines de octubre.

González Soley señaló que, en economía, las necesidades siempre superan a los recursos disponibles y que volver al cumplimiento de la regla fiscal genera una mayor responsabilidad en el manejo de los recursos, porque deben ser priorizados hacía los sectores estratégicos.

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Sostuvo que siempre habrán pedidos y que históricamente siempre los hubo en este proceso del estudio del PGN, pero que lo importante es recordar siempre que hay una regla fiscal, un plan de convergencia fiscal, que debe ser cumplida.

A su criterio, cualquier pedido deberá enmarcarse siempre dentro del cumplimiento del tope fiscal que se tiene y la modificación tendrá que ser en un contexto de reasignación de los recursos, por las limitaciones existente.

“Entonces, para cualquier tipo de ampliación siempre va a ser tenido en cuenta la disponibilidad de recursos para financiar esas ampliaciones”, indicó el viceministro.

Proyecto de presupuesto 2026

El proyecto de PGN 2026 incluye a 107 instituciones públicas de la administración central y entidades descentralizadas, más 18 organismos, principalmente secretarías, que forman parte del presupuesto de la Presidencia de la República.

La propuesta asciende a G. 149,2 billones (US$ 18.928 millones), se incrementa G. 15,9 billones (US$ 2.026 millones), que representa 12%, con respecto al presupuesto inicial aprobado para el ejercicio 2025.

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A la administración central se le asigna G. 74,7 billones (US$ 9.478 millones) y a las entidades descentralizadas, G. 74,5 billones (US$ 9.451 millones).

Contempla un déficit fiscal de 1,5% del PIB (US$ 746,8 millones), como lo establece la Ley de Responsabilidad Fiscal.

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Se estima recaudar en impuestos G. 45,3 billones (US$ 5.751 millones), 8% más de la esperada este año, manteniéndose la presión tributaria en 11,5% de PIB.

Además, el Tesoro podrá emitir bonos hasta un monto de US$ 1.303 millones, de este total US$ 661,6 millones a través de la ley de presupuesto y US$ 641,5 millones vía ley de administración de pasivos.