El vicepresidente de Olimpia, el abogado Julio Jiménez, se pronunció brevemente ayer sobre su participación en el millonario contrato entre Petróleos Paraguayos (Petropar), presidida por Eddie Jara, y la empresa catarí Doha Holding Group LLC, vinculada a Alejandro Domínguez Pérez, hijo del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.

El dirigente deportivo fue una pieza clave al otorgar su conformidad, en representación de la empresa catarí, para que la petrolera estatal concediera la sexta prórroga a la firma extranjera. Cabe señalar que dicha prórroga se encuentra vencida desde el 30 de julio, sin que la estatal haya definido aún si rescindirá o no el contrato. Jiménez explicó que, debido a cláusulas de confidencialidad establecidas en el contrato por el servicio prestado a la compañía foránea, no puede brindar detalles sobre la situación contractual.

“Yo lo único que reviso son textos de contratos. Tengo cláusula de confidencialidad respecto al servicio prestado. Solo manejo documentos y nada más”, aseguró, y agregó que no está autorizado a dar entrevistas, al momento de pedir comprensión al respecto. Al insistirle si era posible derivar la consulta a algún responsable que pudiera informar si la compañía finalmente entregará el carburante, no recibimos respuesta al cierre de esta edición.

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¿Dónde está el presidente de Petropar y sus gerentes?

Por su parte, el presidente de Petropar y sus gerentes continúan sin dar declaraciones públicas. Ayer, durante una visita de ABC a la planta de Villa Elisa no se pudo ubicar a ninguno de ellos. La directora de Comunicaciones, Norma Caballero, recibió al equipo periodístico tras varias horas de espera, pero tampoco supo dar respuestas concretas sobre la situación contractual.

Se le insistió en que algún directivo debería dar explicaciones a la opinión pública de si rescindirán el contrato o si está en evaluación una séptima prórroga para la empresa extranjera, a lo que Caballero respondió escuetamente: “Estamos siguiendo el curso que corresponde según el proceso y, en su momento, se dará a conocer cualquier novedad de forma oficial”.

Mientras, tanto Jara como los gerentes William Wilka, Vanessa Iribas y Ramón Benítez —este último con participación activa en las adendas— siguen sin aparecer públicamente. Caballero señaló que estaban en reuniones en las altas instancias del Gobierno.

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Todo apunta a que la estatal estaría considerando otorgar una nueva prórroga a la firma incumplidora, únicamente para postergar la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento, que corresponde al 5% del monto total (unos US$ 3.050.000). Dicha garantía fue presentada por la compañía mediante una simple declaración jurada, sin respaldo de póliza de seguro ni aval bancario.

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En el contrato firmado con Petropar, Doha Holding declaró como “domicilio especial” la calle Jejuí 690 esquina Juan E. Oleary, dirección que corresponde al Estudio Jurídico Jiménez Balbiani & Asociados, propiedad de la familia Jiménez.

De acuerdo a los registros, Julio Jiménez es hermano de Monserrat Jiménez Granda, directora jurídica de la Conmebol y mano derecha de Alejandro Domínguez, cuyo hijo, Alejandro Domínguez Pérez, figura como representante de Doha Holding en el portal de Contrataciones Públicas.

El contrato original fue firmado el 30 de septiembre del año pasado a las apuradas, ya que se trataba de una compra “urgente”, a través de un procedimiento especial de contratación.

Pero a pesar de que le otorgaron múltiples prórrogas —en contradicción con el carácter de urgencia que justificó la compra— la empresa sigue sin cumplir. Petropar defendió cada extensión argumentando el “precio inmejorable” como principal motivo.

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La Ley 7021 de compras públicas, en su artículo 67, permite modificar solo hasta un 20% el monto o el plazo del contrato, únicamente ante circunstancias imprevistas y siempre que no otorgue ventajas indebidas a la contratada. En este caso, las extensiones parecen vulnerar dicha normativa, pero la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) aún no investiga el caso.

La Contraloría General de la República (CGR), dirigida por Camilo Benítez, tampoco ha concluido la “revisión” documental iniciada en enero, que debía derivar en una fiscalización o auditoría.